La empresa clave de la ‘Operación Madeja’ pasó de tener apenas actividad a ser una “organización criminal”

Fitonovo es una empresa sevillana nacida en 1990 dedicada a servicios medioambientales y, en especial, al mantenimiento y conservación de zonas verdes tanto para entidades públicas y privadas, pero para la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se trata de una “organización criminal”.

Así lo define la magistrada en el sumario que instruye sobre la ‘Operación Madeja’, el pago de comisiones a políticos y funcionarios a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

Desde su constitución y hasta 1995, Fitonovo apenas registró actividad, pero a partir de ese año, los contratos públicos conseguidos en administraciones públicas de todo el país puso en órbita a la pequeña empresa propiedad de Rafael Gómez Palomo.

Según uno de los autos contenidos en el sumario, consultado por El Confidencial Autonómico, el empresario, su hijo, un adjunto a la dirección y un comercial se constituyeron en la “dirección de una organización criminal” que acudió a “prácticas de corrupción” para lograr las adjudicaciones públicas. Estas prácticas corruptas consistieron en todo tipo de regalos, desde material informático y teléfonos móviles a viajes, coches a alta gama y pago de comisiones en metálico.

Desde Sevilla al Zaragoza, Barcelona, Lanzarote...

Fitonovo comenzó a conseguir importantes contratos con el ayuntamiento de Sevilla, donde supuestamente pagó comisiones a representantes públicos y a funcionarios del gobierno municipal compuesto por PSOE e Izquierda Unida. Las prácticas corruptas se extendieron al período del actual equipo de gobierno del Partido Popular, de acuerdo con el sumario.

Desde la capital andaluza, Fitonovo se extendió por otros municipios como Algeciras (Cádiz), La Carolina (Jaén), Huelva, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza o Barcelona. La investigación judicial apunta a que funcionarios y políticos de todo tipo, desde ayuntamientos a gobiernos autonómicos como Canarias, Andalucía, Extremadura, pasando por el Ministerio de Fomento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) recibieron “mordidas” a cambio de contratos.

La juez Alaya señala que los responsables de la organización criminal actuaban en contratos restringidos en los que, en connivencia con funcionarios, había una “concurrencia ficticia” de empresas instrumentales de Fitonovo.

Los acusados acudían a diferentes métodos, como la información privilegiada, ofreciendo ofertas falsas en connivencia con funcionarios o alterando el precio de los concursos o subastas. También creaban uniones temporales de empresas falsas e, incluso, llegaron a acuerdos con firmas competidoras para repartirse el mercado.

Facturas falsas y “caja B”

Fitonovo contaba además con una amplia red de empresas que emitían facturas falsas por los importes necesarios para pagar las comisiones ilegales, así como entidades patrimoniales para ocultar sus bienes.

Gracias a la “caja B” de la compañía se abonaban también salarios en negro de sus propios empleados aunque también sirvió para adquirir fincas e incluso pagar dividendos al propietario de Fitonovo que, por este concepto, consiguió 2,4 millones de euros entre 2003 y 2010. La investigación de la juez Alaya comenzó en julio de 2013 y se ha desarrollado en tres fases con la detención de 32 personas en doce provincias.

El último episodio relacionado con la ‘Operación Madeja’, que hace alusión al símbolo del escudo de Sevilla, guarda relación con las investigaciones de la Guardia Civil en la capital de Andalucía. Según el instituto armado, el funcionario municipal Francisco Amores, ex jefe de servicio de Parques y Jardines, mantuvo una conversación telefónica con el hijo del propietario de Fitonovo, José Antonio González Baró, en la que pidió 350.000 euros de los que “una parte” iría destinada a “ayudar al PP en la campaña electoral”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita remitió a la juez Alaya unas diligencias en octubre de 2013, ya con el PP en el consistorio hispalense, en la que se reflejaba la conversación grabada por el empresario y en la que se hacía constar que “no habían cesado los sobornos”.

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que se querellará contra quienes les vincule con el pago de comisiones en la ‘Operación Madeja’. Zoido exige que se aclare su “nula relación” con este caso y afirma que “ni he participado ni tenido constancia de ninguna actuación presuntamente ilegal o delictiva, siendo el primer interesado en que se esclarezca todo hasta las últimas consecuencias”.