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Andalucía

Multas y detenciones podrían quedar sin efecto

Treinta policías locales de Sevilla se enfrentan a la expulsión del cuerpo por filtrar preguntas de las oposiciones

Andalucía

Un juzgado ha imputado a varios altos cargos y agentes por prevaricación y revelación de secretos

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Al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Sevilla se le acumulan los casos polémicos. Además de la instrucción del escándalo de las facturas falsas de UGT, ahora está investigando la filtración de las preguntas del examen de acceso a la Policía Local de la capital andaluza, en el que están imputados altos cargos y que podría acabar con la expulsión del cuerpo de un número importante de agentes.

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, en la celebración del Día de la Policía Local. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, en la celebración del Día de la Policía Local.

Juan Ignacio Zoido tiene un problema en la Policía Local de Sevilla. El alcalde popular de la capital andaluza sabía, cuando lideraba la oposición al socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que tendría que fajarse a fondo con un cuerpo policial acostumbrado durante años a ser objeto de todo tipo de escándalos con mayor o menor trascendencia pública, pero siempre incómodos a ojos del gobernante pero, especialmente, del gobernado.
Para ganarse las simpatías de los agentes y del todopoderoso Sindicato de la Policía Local de Sevilla, Zoido prometió una revolución técnica y humana en el cuerpo municipal, con la incorporación de 300 nuevos agentes, nuevas unidades, renovación del parque móvil y mejoras laborales y salariales.El alcalde del PP sólo cumplió con la creación del Gepol, el Grupo de Asuntos Internos que le permitió, entre otras cosas, descubrir nuevas irregularidades en el seno del cuerpo policial. Uno de esos casos de corrupción podría derivar en la expulsión de decenas de agentes que se beneficiaron de la filtración de los exámenes para ingresar en la Policía.

Una promoción de agentes bajo sospecha

103 nuevos agentes se incorporaron a la Policía Local de Sevilla tras ganar la plaza en las dos convocatorias celebradas en 2012. Muchos de esos nuevos policías tienen parentesco familiar directo con altos cargos policiales y del sindicato policial, lo que generó sospechas entre los opositores que no consiguieron plaza y que finalmente denunciaron el caso ante la fiscalía a comienzos de 2013.
La Unidad de Asuntos Internos encontró indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, de los que se habrían beneficiado los aspirantes que guardaban parentesco directo con los miembros del tribunal examinador, de altos cargos policiales y sindicales. Se descubrió la filtración de los exámenes y la admisión de aspirantes que no cumplían los requisitos.
El juez de instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García, que también investiga el caso de las facturas falsas de UGT, descubrió una trama de revelación de secretos por la filtración del examen de acceso al Cuerpo de la Policía Local.El Confidencial Autonómico ha podido saber que ya han prestado declaración en calidad de imputados el presidente del tribunal, el superintendente de la Policia Juan José García, así como otros tres miembros del mismo, si bien el magistrado tiene previsto ampliar las imputaciones a todos los miembros del Tribunal.
Además, las fuentes consultadas por ECA indican que también han sido imputados una treintena de agentes a los que el juez considera responsables civiles de la trama, por lo que se les acusa de prevaricación y revelación de secretos.

Tendrán que devolver placa, pistola y sueldos cobrados

Tal y como ha podido saber El Confidencial Autonómico, el juez García Vélez ha hecho saber a los agentes investigados que en cualquier momento podrán perder su condición de funcionarios, que conllevaría la entrega inmediata del uniforme, la placa, el arma reglamentaria, los sueldos percibidos hasta el momento e, incluso, los gastos derivados de la formación de los agentes.
La preocupación en el Ayuntamiento de Sevilla es palpable. Al margen de la previsible expulsión de decenas de agentes, muchos se preguntan por la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento por los agentes bajo sospecha. Las fuentes consultadas indican incluso que el caso podría desembocar en la anulación de las multas y detenciones decididas por estos agentes en caso de que finalmente los policías sean expulsados del cuerpo.

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