Conflicto por la transparencia en Aragón. La mayoría del PP y el PAR descarta una proposición no de Ley para suspender de cargo público y empleo a los políticos corruptos
"Apartar de inmediato de la gestión pública a quienes cometen hechos presuntamente delictivos prevaliéndose de sus empleos o cargos públicos". Ésa era la idea principal de la proposición no de Ley que llevó esta semana CHA al pleno de las Cortes de Aragón, y que pedía una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fue rechazada su toma en consideración.
Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, este procedimiento legislativo especial –disponible en este documento– empezó su trámite en las Cortes a comienzos de este año. El encargado de defenderla fue José Luis Soro en nombre de CHA, promotor de la iniciativa; en el debate intervinieron también Yolanda Vallés (PP), Javier Sada (PSOE), Joaquín Peribáñez (PAR) y Adolfo Barrena (IU).
Entre los argumentos esgrimidos por los nacionalistas para defender su proposición, hubo alusiones al “descrédito de las instituciones democráticas”, la “desconfianza de la ciudadanía” y la “alarma social” que crean los casos de corrupción política.
Aunque el Código Penal prevé penas de inhabilitación especial o suspensión para empleo o cargo público en tipos delictivos, en muchos casos “las personas imputadas pueden seguir ejerciendo”, incluso ostentando “el mismo empleo o cargo público desde el que cometieron los hechos que se les imputan”.
Los votos en contra del PP y el PAR, socios de gobierno, han descartado la posibilidad de que un juez pueda suspender provisionalmente a un empleado o cargo público que tenga imputaciones graves en un proceso judicial.
Sus motivos para rechazar esta proposición, además de la reforma propuesta por el ministro Gallardón, tienen que ver con la imposibilidad de ‘restaurar’ la credibilidad y el honor de un imputado si finalmente se demuestra su inocencia en instancia judicial. PSOE e IU sí han respaldado la propuesta, aunque los socialistas habían votado en contra en otros debates similares.
Tal y como confirman fuentes parlamentarias, esta propuesta de CHA ya fue debatida hace tres años, con motivo del caso de corrupción de La Muela (Zaragoza). Llegó incluso al Senado, donde fue rechazada, gracias al acuerdo de colaboración de los nacionalistas aragoneses con Bloc per Mallorca y PSM-Verds.
