Jueves 19/10/2017. Actualizado 01:00h

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Asturias

Las subvenciones al ‘carbón fantasma’ de Asturias no serán investigadas. PSOE y PP impiden que se indague sobre un posible fraude en ayudas a la minería por 2.000 millones de euros

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La comunidad minera asturiana no tendrá respuestas sobre lo que sucedió entre 2004 y 2012 respecto al reparto de más de 2.000 millones de euros en subvenciones para el sector. La comisión de investigación que habían propuesto desde Foro Asturias para indagar sobre lo sucedido con las ayudas públicas durante esos ocho años no ha prosperado: sólo han contado con el apoyo de IU, mientras que PSOE y PP han votado en contra y UPyD se ha abstenido.

El pleno de la Junta General del Principado no investigará cómo se gestionaron las ayudas estatales recibidas por las empresas mineras asturianas entre 2004 y 2012: si alguien es competente para hacerlo, ha de ser el Congreso de los Diputados. Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, ése ha sido el argumento esgrimido por PSOE y PP en la cámara regional para rechazar la creación de una comisión, propuesta por Foro Asturias.

La petición de Foro pasaba por la necesidad de “despejar las dudas manifestadas por la comunidad minera” en lo referente a los “más de 2.000 millones de euros” que recibieron en ayudas diversas empresas del sector “desde 2004 y hasta el año pasado”. Foro sólo ha contado con el apoyo de IU: PSOE y PP han votado en contra alegando que “la Junta General no es el ámbito para una comisión de ese tipo” y UPyD se ha abstenido.

Los fondos recibidos por las empresas mineras Uminsa y Coto Minero Cortés no serán sometidos a investigación. Desde Foro aseguran que hubo un “reiterado incumplimiento” de los requisitos necesarios para recibir ayudas y se ha hablado de “toneladas de carbón fantasma”.

Recientemente, el Ejecutivo astur ha denegado nuevas ayudas a la producción para estas dos empresas, pero no por la existencia de dudas razonables sobre anteriores convocatorias. Fuentes del Gobierno indican que se han cancelado porque dichas compañías “no estaban al corriente del pago a la Seguridad Social”. En total, deben 265.000 euros desde 2010 al Estado.

Los mineros de Degaña e Ibias fueron los principales afectados por el incumplimiento de obligaciones de ambas empresas, que sin embargo se vieron beneficiadas por millones de euros en ayudas para la reducción de actividad e impulso de la producción corriente. El objetivo final era facilitar el cierre de las minas de carbón que no fueran competitivas.

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