Francesc Antich no quiere más casos de corrupción en las islas y crea comités de interventores para controlar la gestión de las empresas públicas
La administración pública en Baleares estará más controlada que nunca. El presidente de las islas, el socialista Francesc Antich, estipulará, por ley, la vigilancia de todos los movimientos que lleven las instituciones financiadas por el Ejecutivo autonómico. "No podemos permitir que la palabra 'corrupción' se asocie más a Baleares. Debemos llevar a cabo una acción desde el Gobierno para evitar que se produzcan nuevos casos". Estas palabras fueron pronunciadas por Antich en una visita a Madrid el pasado 17 de febrero. Dos meses después de esa declaración de intenciones, el presidente balear ha impulsado la denominada Ley del Sector Público, que instaurará un nuevo mecanismo de control en empresas, consorcios, fundaciones o administraciones en las que intervengan miembros del Gobierno. Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, Antich ha ordenado a la consejería de Economía y Hacienda, dirigida por Carles Manera, la formación de comités, dirigidos por representantes de la administración, para controlar las casi doscientas instituciones de carácter público que existen en el archipiélago. Estas comisiones enviarán a interventores independientes a las empresas cuando así lo estime necesario la consejería "que tiene plenos poderes en este asunto", afirma a este confidencial una voz autorizada del Gobierno balear. La misma fuente asegura que "dentro de Economía y Hacienda, existe una sección denominada 'Departamento de Intervención General de la Comunidad Autónoma', y su director, Cristóbal Milán Mateu, será el encargado de supervisar y gestionar estos comités". Desde el Gobierno balear ya tienen "todo listo" para poner en funcionamiento la vigilancia a las instituciones públicas. La Ley del Sector Público ya está en el Parlamento autonómico y cuenta con los apoyos de PP y Unión Mallorquina.
