El Gobierno de Castilla y León no gravará la producción de energía nuclear. El ‘no’ de las eléctricas a Garoña obliga a buscar nuevos caminos para la supervivencia de la central burgalesa
El gobierno castellano-leonés ha negado que haya habido presiones por parte de Nuclenor, la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, sita en el Valle de Tobalina (Burgos), sobre la futura fiscalidad de la Comunidad Autónoma y ha asegurado que el Gobierno regional no gravará la energía nuclear ya que "nunca" se lo ha planteado.
De este modo se ha pronunciado el portavoz de la Junta tras conocer el comunicado de la empresa Nuclenor, que finalmente no ha solicitado la renovación de la explotación de Garoña a la espera de que se aclare la "incertidumbre regulatoria" del sector, entre ellas "las tasas, impuestos, recargos, etcétera de carácter autonómico que pudieran afectar, directa o indirectamente, al funcionamiento de la central", según consta en el escrito de la empresa.
"Nunca se ha hablado de un impuesto a las nucleares", ha aseverado el portavoz de la Junta, que ha recordado que los únicos que han puesto sobre la mesa esa posibilidad han sido los socialistas de Castilla y León en una posición "incoherente" al pedir primero el cierre de Garoña para pedir después que se gravase su actividad.
La “incertidumbre” de Nuclenor
Nuclenor no ha solicitado la renovación de la explotación de la planta nuclear de Garoña a la espera de que aclare la "incertidumbre regulatoria" del sector.
La empresa propietaria de la planta nuclear burgalesa ha enviado un escrito al Ministerio de Industria en el que señala que desconoce cómo le afectaría a la central las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear.
