Lo apoyaron CiU y ERC

Cataluña impulsa su Agencia Tributaria para gestionar todos los impuestos en caso de independencia

Una ley aprobada en el Parlament establece que esté lista en un año para “una eventual asunción de nuevas funciones y competencias”

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, con el consejero de Economía, Andre Mas-Colell.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, con el consejero de Economía, Andre Mas-Colell.

El Parlamento de Cataluña aprobó con los votos de CiU y ERC la ley de medidas fiscales, financieras y administrativas que acompaña a los presupuestos para 2015. En esta ley, los independentistas han incluido varias medidas para empezar a poner las bases de las “estructuras de Estado” para una Cataluña independiente.

En su proyecto primigenio, el gobierno de Artur Mas contemplaba en las disposiciones adicionales de esta ley de acompañamiento presupuestaria la futura aprobación de una serie de leyes mediante las que la Generalitat asumiría competencias y funciones que hasta ahora tiene el Estado.

Sin embargo, tras el recurso del Partido Popular, el Consejo de Garantías Estatutarias -una especie de Consejo de Estado autonómico- dictaminó que esas disposiciones serían inconstitucionales por invadir competencias estatales.

En el último trámite en el Parlament, los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y de Esquerra Republicana de Catalunya introdujeron en el texto varias enmiendas para tratar de adaptarse al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, pero manteniendo como “planes directores” sus proyectos de preparar las “estructuras de Estado”.

Eventual asunción de nuevas funciones”

En el texto de la ley aprobada por CiU y ERC, consultado por El Confidencial Autonómico, se contempla el desarrollo de una de las estructuras que los partidos impulsores del proceso independentistas consideran prioritarias: la Agencia Tributaria propia.

Aunque se han introducido algunos cambios por las objeciones del Consejo de Garantías Estatutarias, la ley de medidas fiscales, financieras y administrativas mantiene el proyecto de impulsar esta hacienda catalana en un plazo relativamente corto.

Tal y como ha podido comprobar ECA, la disposición adicional número 22 contempla el “Plan director de la Administración tributaria de Cataluña”. En concreto, se encomiendo al gobierno catalán a que en un máximo de cinco meses apruebe este plan director, que “se ha de ejecutar en el plazo de doce meses”. Es decir, Artur Mas y sus socios pretenden tener lista la Agencia Tributaria propia en un año.

En un lenguaje deliberadamente ambiguo para tratar de adaptarse al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, el texto enmendado y aprobado por CiU y ERC contempla que esa administración tributaria de Cataluña esté preparada “para una eventual asunción de nuevas funciones y competencias tributarias”.

Hasta ahora, la Agencia Tributaria de Cataluña puede recaudar impuestos que luego liquida con el Ministerio de Hacienda. La referencia de esta ley y la intención de las formaciones políticas que lideran Artur Mas y Oriol Junqueras van más allá: que esta Agencia Tributaria pueda dedicarse a recaudar y gestionar todos los impuestos que pagan los catalanes.

Cabe recordar que, como se contó hace semanas en estas páginas, para Esquerr Republicana de Catalunya la creación de una hacienda paralela a la española es uno de los medios irrenunciables para llegar a la secesión. “La Agencia Tributaria es una de las estructuras clave”, afirmaba la ‘número dos’ de ERC, Marta Rovira, en un artículo de la revista interna del partido, en la que otras personas también señalaban la necesidad de ir ya creando las “estructuras de Estado” para ejercer la independencia “desde el primer minuto” si el Parlament la declaraba tras las elecciones del 27 de septiembre.

 

El plan director de la Agencia Tributaria que proyectan CiU y ERC “ha de determinar las adaptaciones organizativas, la estructura institucional, funcional y de personal, el régimen económico, de contratación y patrimonial de esta administración”. Además, habrá de tener en cuenta las necesidades de “colaboración social y con otras administraciones”, aunque no menciona específicamente al Estado español.

Inventario del patrimonio de las administraciones

Otras disposiciones adicionales de esta nueva ley autonómica hacen referencia a planes sobre gestión de infraestructuras críticas, de la energía y de la red ferroviaria, entre otras funciones que claramente corresponden a un plan para convertirse en un Estado y retirar a las instituciones españolas estas competencias.

De un modo similar a la Agencia Tributaria, en otra disposición se contempla un “plan director” para crear una Agencia Catalana de Protección Social. Pero uno de los casos más llamativos es el del “inventario de patrimonio de las administraciones públicas en Cataluña”.

En más de una ocasión, al hablar de cómo se tendría que llevar a cabo la separación de Cataluña del conjunto de España, dirigentes independentistas han indicado la necesidad de repartir de forma justa el patrimonio, los activos (bienes y derechos) y los pasivos (deudas y obligaciones, por ejemplo la deuda pública) entre el Estado español y las instituciones catalanas.

Pues bien: ahora la ley establece que el gobierno de Artur Mas elaborará en seis meses “un inventario del patrimonio, activos y pasivos de las administraciones públicas de Cataluña y su valoración”. De nuevo tampoco detalla qué “administraciones públicas” entrarán en este inventario.

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