Cataluña perderá las competencias en Seguridad y Educación si Mas convoca el referéndum de independencia
El Gobierno retirará a la Generalitat el control de estas políticas en el caso de que desacate la prohibición del TC
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció ayer que CiU, ERC, ICV y las CUP han llegado a un acuerdo en la pregunta y la fecha de la consulta por la independencia que pretenden celebrar en Cataluña. El desafío independentista entra en una nueva fase, en la que el Gobierno de Mariano Rajoy se plantea aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña y asumir sus competencias.
Hasta ayer, la celebración de una consulta en Cataluña para decidir su posible independencia era una intención declarada del Gobierno que dirige Artur Mas y de los partidos nacionalistas.
Sin embargo, el solemne anuncio del presidente catalán, respaldado por representantes de CiU, ERC, ICV y las CUP, de que el 9 de noviembre de 2014 celebrará un referéndum con la pregunta doble “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? En caso de respuesta afirmativa, ¿quiere que este Estado sea independiente?”.
El Gobierno, a través del presidente Mariano Rajoy y de varios ministros, ya ha asegurado que ese referéndum no se llegará a celebrar. Para evitarlo, está dispuesto a aplicar el artículo 155 de la Constitución y, de esta forma, asumir algunas competencias clave que ahora mismo están en manos de las instituciones autonómicas de Cataluña.
El Gobierno tiene un plan jurídico de reacción
Miembros del Gobierno central contactados por El Confidencial Autonómico aseguraron que el Ejecutivo tiene diseñado, desde hace meses, un plan de respuestas jurídicas si el presidente de la Generalitat seguía adelante con su intención de convocar un referéndum.
Según esta “hoja de ruta”, si Artur Mas convoca formalmente la consulta de autodeterminación (y se publica, por tanto, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña), el paso inmediato que tomará el Consejo de Ministros será recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional.
Esta estrategia sería la misma que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó en 2008 con la Ley de Consultas que el Parlamento Vasco aprobó a instancias del entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, para permitir al País Vasco celebrar un referéndum para decidir sobre su relación con el Estado español.
Mariano Rajoy espera que, como en el “plan Ibarretxe B”, los magistrados del Tribunal Constitucional declaren en pocos meses inconstitucional la convocatoria de este referéndum en Cataluña.
El conflicto entre el Ejecutivo central y la Generalitat se enconaría si Artur Mas se negara a acatar la prohibición del TC y decidiera seguir adelante con la consulta, organizando los detalles de la consulta: colocación de urnas en los colegios, envío del censo electoral a los partidos y movilización de los Mossos d'Esquadra para proteger la celebración.
En ese caso, el Gobierno de la Nación recurriría a un artículo de la Constitución que nunca se ha aplicado, y cuya simple mención siempre ha provocado polémica: el 155.1.
Retirada de competencias por aprobación del Senado
Aunque se suele decir que la aplicación de este artículo implica la suspensión completa de los poderes de una Comunidad Autónoma, las fuentes del Gobierno consultadas por El Confidencial Autonómico aseguran que, si llegara el caso de recurrir a este precepto, sólo se retirarían algunas competencias.
Se trataría, en cualquier caso, de competencias clave y muy sensibles para el autogobierno. En concreto, citan dos: las atribuciones sobre educación (para garantizar los contenidos que se enseñan en los centros de enseñanza de Cataluña), y las relativas a seguridad, que implican el control de los Mossos d'Esquadra.
El artículo 155.1 de la Carta Magna establece que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
“Responderemos con la ley”
Un ministro con el que ha contactado El Confidencial Autonómico explica que el Gobierno tiene clara su reacción ante el desafío soberanista que se concreta cada vez en Cataluña: “Responderemos con la ley”.
Por eso, si se llega a la necesidad de tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución, “ante Europa lo que se explicará es: somos un estado de derecho, y aquí las leyes se cumplen”, argumentan las fuentes consultadas.
