Domingo 22/10/2017. Actualizado 01:00h

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Cataluña

Según recopilación de la nacionalista Plataforma per la Llengua

Denuncian que el Gobierno ha retomado la “marginación del catalán” tras el período en funciones

A las 52 normas que impusieron el castellano hasta octubre se añadieron doce nuevos decretos y resoluciones en noviembre y diciembre

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Reales decretos del Consejo de Ministros, resoluciones de la Marina Mercante, acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: diversas normas aprobadas en los últimos meses han reforzado la obligación de presentar documentación en castellano, en perjuicio de lenguas cooficiales como el catalán.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ya se contó en El Confidencial Digital como la Plataforma per la Llengua contabilizó a finales del diciembre pasado, las veces en las que el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, impuso al castellano frente al catalán.

Publicaron un informe donde analizaba la legislación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante los meses que abarcan de diciembre de 2015 a octubre de 2016. En este documento se achaca a que en 52 ocasiones el ejecutivo de Mariano Rajoy atacó al catalán, mostrando una actitud impositiva del español frente al catalán.

Ahora esta organización que defiende el catalán, denuncia que de nuevo el Gobierno de Mariano Rajoy, “ha seguido legislando de manera discriminatoria para los catalanohablantes”. Tal y como ha podido saber ECD a las 52 medidas impositivas del castellano, se han sumado 12 imposiciones más.

Los independentistas reivindican esta conducta por parte del Gobierno Español subrayando que por ejemplo, los aspirantes a marinero de puente de la marina mercante española, deberá acreditar la capacidad de dar órdenes al timonel en castellano y en inglés. Afirman a esta redacción que “estas competencias lingüísticas anulan y discriminan el catalán, al igual que cualquier otra lengua cooficial”.

Del mismo modo, denuncian otros ámbitos profesionales donde el castellano seguirá siendo obligatorio. Como el de los jueces, trasportistas animales, o del Mercado de Valores. Además los defensores del catalán destacan que hasta seis normas imponen el castellano en la documentación y el etiquetado.

Otro ejemplo, entre las medidas tomadas recientemente, encontramos dos real decretos que regulan la venta de sémola y la de aceitunas de mesa. En estos casos el etiquetado de los productos solo está previsto en castellano. Independentistas aseguran que no es eso lo más grave, sino que además no se permite ningún tratamiento equitativo para el catalán. Finalmente otro real decreto delimita como tarea del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes la difusión de la “cultura en español”, sin referencia a la cultura de los ciudadanos del Estado con una lengua propia distinta a la castellana.

Como conclusión este nuevo balance lingüístico de la situación en el país, destaca que “el Gobierno continúa imponiendo el castellano frente al catalán, discriminando así a los catalanohablantes”. 

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