Sábado 21/10/2017. Actualizado 01:00h

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Cataluña

Ante los planes de la Generalitat de organizar un plebiscito este año

Funcionarios de Cataluña consultan qué deben hacer en otro referéndum independentista

Profesores y directores de institutos que podrían ser utilizados de nuevo como colegios electorales están contactando con sindicatos, que les recomiendan exigir que les den las órdenes por escrito

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La cumbre soberanista de partidos y entidades sociales a favor del “derecho a decidir” de Cataluña aprobó que la Generalitat celebre este año 2017 un referéndum sobre la independencia: en este caso, ya el definitivo, no como la consulta del 9-N de 2014. Estos planes ya están despertando la inquietud de algunos funcionarios y empleados públicos.

Consulta independentista en un colegio de Cataluña el 9 de noviembre. Consulta independentista en un colegio de Cataluña el 9 de noviembre de 2014.

Desde que la Generalitat de Cataluña, con el gobierno de Artur Mas, emprendió el camino hacia la ruptura unilateral para alcanzar la independencia, un colectivo se ha visto comprometido por el miedo a sufrir las represalias de las administraciones: los funcionarios dependientes del gobierno autonómico de Cataluña.

El primer problema surgió en 2014. El ejecutivo de Mas organizó una consulta sobre la independencia el 9 de noviembre, que en su celebración requería la implicación de agentes de los Mossos d’Esquadra y de las policías locales, funcionarios de varios departamentos, y especialmente directores de colegios e institutos y profesores y trabajadores de estos centros educativos en los que se colocaron urnas.

Consultas de funcionarios inquietos

Ahora, los partidos independentistas (ERC, Partit Demòcrata Catalá, CUP) y también la izquierda partidaria del “derecho a decidir” articulada en torno a Podemos y Ada Colau se muestran decididos a celebrar en 2017 una nueva votación. Ya sería un referéndum completamente vinculante, decisorio, en que se determinaría si Cataluña se segrega del conjunto de España y se constituye en un estado independiente.

Pues bien. El Confidencial Autonómico ha podido saber que este anuncio y los planes del gobierno de Carles Puigdemont para convocar este referéndum ha vuelto a provocar la inquietud que ya vivieron algunos funcionarios antes del 9-N.

Así lo confirman desde el sindicato AMES, un sindicato de profesores y funcionarios de la educación, principalmente la secundaria.

Las fuentes consultadas aseguran que en las últimas semanas han recibido un número importante de consultas de personal de la educación pública de Cataluña, inquieto ante la posibilidad de verse involucrado de nuevo en la organización de otro referéndum ilegal.

Directores y profesores de instituto temen que en los próximos meses la Generalitat les implique de nuevo, para que abran los colegios para colocar allí las urnas de esta votación sobre la secesión que el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha anunciado que no permitirá por ser inconstitucional, según todos los pronunciamientos del TC.

La respuesta que desde el sindicato AMES están dando a estos funcionarios catalanes es que, si empiezan a recibir indicaciones y órdenes para actuar al margen de la legalidad, exijan a los superiores que les den esas órdenes que lo hagan por escrito.

Órdenes por escrito para protegerse

Y es que en el juicio que se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) contra Artur Mas y tres consejeros de su gobierno por la consulta del 9-N, los responsables políticos se desmarcaron diciendo que la ejecución final del plebiscito lo habían llevado a cabo voluntarios. Por su parte, directores de instituto destacaron que nunca recibieron órdenes escritas, sino instrucciones verbales para abrir los centros educativos para instalar las urnas.

“Recomendamos que pidan la orden por escrito”, señalan las fuentes sindicales consultadas por ECA, que añaden que eso no significa que si eso ocurre, los funcionarios deban ejecutar las órdenes sin más.

También puede ser que si consideran que les están dando una orden para cometer una legalidad, con ese documento podrían presentar una denunciar para evitar ser responsable de ese acto. En todo caso, no quedarían ellos, los funcionarios, como ejecutores y además habiendo actuado por su cuenta. Además, así tendrían una prueba de que les han dado esa orden ilegal desde la Generalitat de Cataluña.

De esta forma se protegerían también frente a posibles inhabilitaciones por parte del Estado, si llegado el caso empezara a emprender acciones legales contra los empleados públicos que colaboraran con los planes independentistas del gobierno de Puigdemont.

En este contexto, las fuentes sindicales consultadas aseguran que puede ser clave la sentencia que se dicte sobre la celebración del referéndum del 9-N saltándose la prohibición del Tribunal Constitucional. Y es que si el tribunal admitiera el argumento de los políticos imputados, de que fueron los funcionarios y voluntarios quienes llevaron a cabo esa consulta, los castigados podrían ser precisamente los directores de instituto que abrieron los colegios, los profesores que participaron... en definitiva, los funcionarios.

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