Después de recurrir varias veces

La Guardia Urbana logra que el ayuntamiento conceda permisos a las parejas estables de Barcelona

Los sindicatos han ganado un recurso presentado al Juzgado Contencioso-Administrativo que obliga al gobierno de Ada Colau a adoptar esta medida

Mediante sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 17 de Barcelona, el sindicato de la policía local barcelonesa ha logrado que las parejas estables cuya convivencia dure más de dos años ininterrumpidos tengan derecho a los permisos que les corresponden.

Según el código civil de Cataluña, “cualquier persona que legalmente constituya una pareja de hecho y se le produzca un hecho causante que, de derecho a un permiso, no debe haber ningún problema a la hora de concederlo”. Los empleados públicos deben tener los derechos que les corresponden con la naturaleza jurídica de su relación de servicio a las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

Sin embargo, la administración del Ayuntamiento de Barcelona deniega los permisos a las parejas de hecho incumpliendo de forma arbitraria la legislación vigente y el acuerdo de condiciones. La denegación de estos permisos se lleva a cabo bajo valoraciones subjetivas.

Tal y como ha podido saber El Confidencial Autonómico por sindicatos de la UGT de la Guardia Urbana de Barcelona, después de reiteradas peticiones y recursos, el ayuntamiento de Barcelona les ha dado la razón. Han tenido que recurrir al recurso contencioso administrativo.

De ahora en adelante, las parejas estables, “en una comunidad de vida análoga a la matrimonial cuya convivencia dure más de dos años ininterrumpidos”, tienen derecho a los permisos aplicables a todo el personal del Ayuntamiento de Barcelona. Ya no tendrán la necesidad de presentar documentación que no tiene por qué tener una pareja estable, como un acta notarial de convivencia, inscripción en el registro de parejas de hecho o un libro familiar.

Fuentes de la Guardia Urbana explican que se ha de tener siempre en cuenta “el principio de legalidad como principio fundamental”. Se refieren a que un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Por tanto, en el momento que se produce el hecho causante que conlleva un permiso, éste ha de concederse y no atender a la voluntad de un funcionario.

Los sindicatos de la Guardia Urbana no entienden que después de varias peticiones “se tenga que llegar a un contencioso administrativo para que se aplique la legislación vigente, exigiendo que a partir de ahora no se discrimine más a las parejas estables y que la administración se deje interpretaciones subjetivas y restrictivas de los derechos”.

 

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