Domingo 19/11/2017. Actualizado 01:00h

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Cataluña

Así es la ‘hoja de ruta’ de Pere Navarro por la transparencia. Vea el borrador de buenas prácticas en el que trabaja el PSC y que determina cómo tratará el partido a los imputados

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Los socialistas catalanes llevan varios meses trabajando en una batería de propuestas para reforzar la transparencia, abierta al resto de partidos, que llevarán también a la Generalitat. Esperan aprobarlo a nivel interno en breve y también llevarlo al Parlament, antes de 2014. Uno de los capítulos tiene que ver con la corrupción y contiene indicaciones sobre qué hacer con los cargos políticos cuando son imputados.

El documento ‘Enfortim la democràcia’ –Fortalezcamos la democracia–, al que ha tenido acceso El Confidencial Autonómico, contiene las líneas maestras de lo que en unos meses cristalizará en varias iniciativas parlamentarias, para lo que buscará apoyo de otros grupos, como a nivel de partido, en un encuentro dedicado a la ‘calidad democrática’.

Los encargados de redactar este código de buenas prácticas, que querían tener cerrado en este último trimestre del año, están liderados por Lídia Santos. En el equipo están Aroa Arauzo, Meritxell Batet, Laia Bonet, Arantxa Calvera, Jaume Collboni, Montserrat Colldeforns, Joan Ignasi Elena, Miquel Iceta, Antonio Merino, Ferrán Pedret, Jordi del Río y Xavier Sabaté.

De acuerdo con el documento, esta estrategia del PSC viene de la necesidad de “responder con un nuevo impulso, exento de ligerezas y de improvisaciones” a lo que denominan “exigencias sociales de dignificación de la política”.

En este contexto, dicen, los socialistas catalanes quiere aportar propuestas concretas, que van desde “mejorar” leyes y normas, hacer “pedagogía” e impulsar “valores” como el del bien común, la transparencia y la ejemplaridad.

“Sobre la cuestión de los cargos imputados”

“Éste es un tema realmente difícil”, escriben los ponentes sobre las imputaciones. Indican que no es fácil establecer “en qué momento un ‘imputado’ ha de dejar su cargo”, un concepto que “semánticamente” tiene una “fuerte carga negativa”, reconocen. De hecho, ahora mismo el PSC tiene varios miembros en esta situación.

En este caso hay conflicto entre dos intereses o derechos, dicen los socialistas: de un lado, la “presunción de inocencia de la persona imputada”, y de otro, el del derecho de la ciudadanía a “un buen gobierno”.

Para el PSC, debe primar “el derecho al buen gobierno”, dado que la presunción de inocencia “no se elimina ni queda en entredicho –como erróneamente interpretamos en nuestro país– tras una suspensión o una dimisión”, indican.

Éste es el contenido del apartado dedicado al tratamiento de los imputados:

-- En el caso de la imputación de un cargo político, sea orgánico o electo, debería conllevar la suspensión inmediata de su cargo orgánico si lo tiene y de su cargo electo.

-- En el momento del procesamiento llegaría la renuncia o cese en el cargo.

-- Cuando estamos ante la denuncia de un particular –en casos de acusación popular–, habría que ser más cautelosos, especialmente en el ámbito municipal (...) El cese en el cargo debería producirse en el momento del procesamiento y acusación formal del juez.

Igualmente, desde el PSC consideran que se deberían “prever mecanismos de rehabilitación” en caso de “absolución”. También consideran importante que se ejerza un “derecho de rectificación suficientemente relevante” en los medios de comunicación ante este tipo de casos.

Ética y corrupción política

Tal y como se puede ver en el documento, una de las grandes preocupaciones del equipo que está redactando el manual tiene que ver con la corrupción política. Proponen “prevenir los conflictos de intereses” y crear un código ético, con su respectivo comité de expertos, encargados de ‘vigilar’ la coherencia y consistencia del reglamento.

En atención a esos posibles conflictos de intereses, proponen una regulación “más estricta” con las incompatibilidades, para lo que se tendría especialmente en cuenta “la situación patrimonial” de cada cual.

El cuarto punto del texto, de los más exhaustivos, está dedicado íntegramente a la lucha contra la corrupción, con los objetivos de “prevenirla y minimizarla”. En cuanto se detecten este tipo de en la Administración, se deben llevar a cabo medidas “reactivas y sancionadoras”.

Para ello, proponen cambios en el procedimiento penal, que se aumente el margen para la prescripción de delitos y regular la imposibilidad de indulto en delitos de esta clase.

Nueva Ley de partidos

Una de las ideas recurrentes en el código tiene que ver con los casos de incompatibilidad entre cargos públicos, pero la mayoría de las medidas de transparencia tienen que ver con el funcionamiento del aparato de partido.

El PSC propone una reforma de la Ley de partidos políticos y su financiación, comenzando por la limitación de las donaciones de particulares a 10.000 euros al año –actualmente son 100.000 euros– y que cualquier aportación fuera del marco legal sea considerada un delito de financiación irregular.

Con este tipo de iniciativas buscan restringir y controlar con mayor rigor “el gasto electoral ordinario y en campaña”, para lo que se podría fijar un máximo (sin determinar en el documento).

Entre las buenas prácticas para los partidos, estaría la obligatoriedad de publicar los presupuestos en la página web, así como los informes de auditoría y fiscalización y las declaraciones de bienes de sus cargos electos. Todo esto lo controlaría un interventor designado por la Generalitat, que sería asignado a cada partido.

Cambios en la Ley electoral

En el PSC entienden la desafección política como una pandemia y proponen varios cambios, empezando por la modificación de la Ley Electoral catalana. Su primera sugerencia pasa por establecer un sistema electoral mixto, basado en la proporcionalidad, con un voto por cada diputado en su distrito y otro en una lista nacional desbloqueada.

Respecto al funcionamiento interno de cada partido, la propuesta del PSC es llevar a cabo la elección de candidatos mediante primarias reguladas por Ley. También creen que sería bueno limitar todo mandato a un máximo de dos legislaturas en el mismo cargo.

Proponen que se pueda votar a partir de los 16 años y que se habiliten y homologuen los cauces necesarios para poder hacerlo por Internet. Además, introducen la idea de una Ley de consultas no refrendarias que permita “dinamizar grandes procesos deliberativos” en toda Cataluña sin excluir “los procesos en los que la participación sea a través del voto”.

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