Domingo 25/02/2018. Actualizado 14:00h

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Cataluña

Lo solicitan a través de un abogado

Piden a Interior que cierre las investigaciones internas a los Mossos por el 1-O

El sindicato USPAC ha enviado una carta al número tres de Zoido, encargado ahora de la dirección de la policía catalana, señalando que las actuaciones en el referéndum ya están judicializadas

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Casi 4.000 agentes de los Mossos d’Esquadra tienen que rendir cuentas de qué órdenes recibieron y cómo actuaron en el despliegue del 1 de octubre para frenar el referéndum de independencia declarado ilegal por los tribunales. La anterior dirección de la policía autonómica abrió una información reservada que un sindicato pide ahora al Ministerio del Interior que cierre.

Mossos d´Esquadra frente a un colegio electoral el 1-O. Mossos d´Esquadra frente a un colegio electoral el 1-O.

Una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó a los Mossos d’Esquadra actuar para impedir que el 1 de octubre abrieran los puntos designados por la Generalitat para votar en el referéndum de secesión. Pero en algunos casos los agentes actuaron con pasividad, lo que a posteriori provocó la denuncia de la Guardia Civil y la investigación de algunos juzgados sobre agentes concretos de la policía autonómica.

La propia dirección de los Mossos decidió abrir una investigación interna, denominada “información reservada”, para aclarar si los agentes habían actuado correctamente.

Ante estas dos exigencias de responsabilidades, judicial por parte de los tribunales y disciplinaria por parte de la Prefectura de los Mossos, han protestado los sindicatos del cuerpo, que aseguran que los agentes se limitaron a cumplir las órdenes recibidas de precintar colegios pero sin alterar el orden público.

Por eso llevan tiempo pidiendo que no se expediente a los agentes de ese despliegue. El Confidencial Autonómico ha podido saber que uno de estos sindicatos, la Unió Sindical de la Policía Autonòmica de Catalunya (USPAC), ha enviado una carta al actual responsable político de los Mossos: tras la aplicación del artículo 155 y el cese de cargos de la Generalitat, ejerce esa responsabilidad el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver.

Contradice la Ley Orgánica del Poder Judicial

En esta carta habla por boca de USPAC un abogado que expone las peticiones y argumentos del sindicato. Destaca que si bien la División de Asuntos Internos abrió información reservada el 3 de octubre, no fue hasta después de que el mayor Josep Lluís Trapero fuera interrogado en la Audiencia Nacional cuando la dirección de los Mossos envió una circular a los agentes del 1-O para que por escrito informaran de sus actuaciones el día del referéndum.

El sindicato pide que se suspenda inmediatamente la Información Reservada 110/2017. En primer lugar, señalan que tanto la Audiencia Nacional como varios juzgados de instrucción de Cataluña mantienen causas abiertas contra agentes de los Mossos que ya aparecen en esa investigación interna.

Para el abogado de USPAC, la existencia de procedimientos penales “conlleva en aplicación del art. 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la irremediable suspensión del procedimiento administrativo abierto por prejudicialidad penal. Se le recuerda que la Información Reservada forma parte de un procedimiento sancionador “administrativo”, regulado en un reglamento con inferior rango que la LOPJ”.

Inseguridad jurídica” por declarar sin abogado

Como la orden ministerial de Interior aprobada tras el 155 atribuye a Juan Antonio Puigserver la competencia de incoar y finalizar un procedimiento disciplinario en el cuerpo de Mossos d’Esquadra, desde USPAC le piden la suspensión inmediata.

Arguyen también que las declaraciones de los agentes serán remitidas por la División de Asuntos Internos de Mossos a la Audiencia Nacional, servirán como “causa exculpatoria” de los investigados.

Como consecuencia, estos mossos realizarán una declaración sin abogado, “aun a sabiendas que esa declaración formará parte de un procedimiento penal y podrá servir como base para su condena”, y por tanto casi 4.000 mossos sufrirían una inseguridad jurídica y sacrificarían “todos sus derechos con la finalidad de contrarrestar el informe de la Guardia Civil para exculpar a los agentes investigados”.

Con estos argumentos legales reclaman a Puigserver que suspenda la investigación interna en los Mossos mientras se sigan tramitando causas en distintos juzgados por estos mismos hechos. Y ya una vez que terminen esos procedimientos penales, “tal y como tiene establecido el art. 24.2 Decret 183/1995, podrán continuar con su Información Reservada o su expedientes disciplinarios”. E insisten: “No utilicen a los agentes para exculpar a otras personas, para atacar a la Guardia Civil o la Policia Nacional, y mucho menos cercene sus derechos fundamentales a la defensa sabiendo que lo que manifiesten en la clandestina Información Reservada podrá ser base para una condena penal”.

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