Queja de la Plataforma per la Llengua: Puigdemont no aprueba leyes para imponer el catalán
Lamenta que desde principios de año la Generalitat no ha legislado sobre este asunto y mientras el Gobierno de España está ‘colando’ el etiquetado en castellano a través de varios decretos
El Gobierno de España le toma la delantera a la Generalitat de Cataluña en la‘guerra’ de la oficialidad de las lenguas. Así lo denuncia la Plataforma per la Llengua, una de las asociación nacionalistas más influyentes en la defensa de la extensión e imposición del catalán.
Hace algo más de un año, El Confidencial Digital contó cómo esta entidad había recopilado a lo largo de 2014 una gran cantidad de normas legales que, si bien no se refieren directamente a regular cuestiones lingüísticas, incluyen artículos que hacen imperativo el uso del castellano en distintos ámbitos.
Reales decretos como el que aprobó la norma de calidad de derivados cárnicos establecían los nombres que debían tener los productos en las etiquetas, y sólo aparecían en castellano. Además, muchas normas incluían la coletilla de que etiquetas, folletos, carteles, indicadores y otros elementos deberán estar “al menos en castellano”.
Ninguna norma a favor del catalán...
Ahora, la Plataforma per la Llengua se queja de que mientras el Gobierno de España continúa con esta práctica de ‘colar’ la obligatoriedad de utilizar el castellano, el ejecutivo catalán se muestra muy poco activo últimamente en este asunto.
Según ha sabido El Confidencial Autonómico, desde esta entidad promotora del catalán se lamentan por que en lo que va de año, la Generalitat y el Parlament no han aprobado ninguna ley ni norma, “no ha decretado ni una sola disposición que obligue el uso del catalán a las empresas o a los ciudadanos”.
La Plataforma per la Llengua critica que el gobierno de la Generalitat no ha tomado ninguna iniciativa pese a que no está en funciones, ya que en enero fue elegido Carles Puigdemont por el acuerdo entre Junts Pel Sí y la CUP, y por tanto las instituciones catalanas han tenido capacidad suficiente para ampliar las normas legales que imponen la utilización de la lengua catalana.
…y decenas para “imponer” el castellano
Por contra, esta asociación alerta de la actividad continua del Gobierno de España en lo que entiende que es un empeño por blindar el uso obligatorio del castellano. Y es que, por ejemplo, a lo largo del mes de marzo contabilizaron 15 disposiciones, contenidas en dos reales decretos, que imponen la lengua castellana.
A ello se añaden otros decretos y órdenes ministeriales aprobados en enero y febrero. Y en los meses más recientes esto se está agudizando, a ojos de la Plataforma per la Llengua.
“En sólo dos meses se han aprobado ocho nuevas disposiciones legales que incluyen 39 puntos impositivos del castellano”, denuncia esta asociación. Con estas nuevas normas, el uso del castellano se considera obligatorio a la hora de etiquetar o elaborar instrucciones e indicaciones en ascensores y equipos eléctricos o al hacer gestiones con las federaciones de voleibol y golf, por ejemplo.
Por ejemplo, el Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores, en su artículo 7.6 se establece que “los instaladores indicarán en el ascensor su nombre, su nombre comercial registrado o marca registrada y su dirección postal de contacto. La dirección indicará un único lugar en el que pueda contactarse con el instalador. Los datos de contacto figurarán al menos en castellano”.
