Domingo 17/12/2017. Actualizado 01:00h

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Cataluña

Una iniciativa del PSC

La estrategia de los partidos constitucionalistas para frenar la independencia exprés de Puigdemont

Los grupos de la oposición exigirán que la Ley de Transitoriedad sea enviada al Consejo de Garantías Estatutarias y así evitarán su aprobación inmediata

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Se avecina una guerra total entre los partidos independentistas y los de la oposición en el Parlament de Cataluña. Carles Puigdemont planea, con el apoyo de la CUP, la aprobación exprés de la Ley de Transitoriedad y convocar a continuación el referéndum independentista, pero PSC, C´s, PP y Podemos negocian un frente común para frenar esa maniobra.

Carles Puigdemont y Miquel Iceta. Carles Puigdemont y Miquel Iceta.

El pasado viernes, El Confidencial Digital adelantó los planes de Carles Puigdemont para convocar por sorpresa la consulta sobre la secesión de Cataluña y dejar sin margen de maniobra al Tribunal Constitucional.

Una maniobra, la del president, que pasa por presentar en un mismo día y sin aviso las tres iniciativas para el referéndum -reforma del reglamento del Parlament, Ley de Transitoriedad y convocatoria-, y que, efectivamente, puede poner al TC ante el mayor reto de la historia del alto tribunal.

Esa hoja de ruta, no obstante, es conocida por importantes diputados de la oposición en el Parlament de Cataluña, que ya se han movilizado para evitar el mayor desafío a la legislación española que se haya producido nunca. El objetivo, explican las fuentes consultadas, es pactar una reacción conjunta de los cuatro partidos no independentistas -PSC, C´s, PP y Podemos-, en la que ya se está trabajando.

Vía legal para frenar el referéndum exprés

Esa reacción conjunta, explica a ECD uno de los impulsores de la misma, es aprovechar una “vía legal”, reconocida en le actual reglamento del Parlament, y que no va a a ser eliminada en la modificación del texto que ha impulsado Junts pel Sí.

Se trata del derecho que tienen los grupos parlamentarios, también recogido en la Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, de reclamar que cualquier proyecto legislativo que se tramite en la Cámara autonómica sea sometido a una revisión y a un dictamen del citado organismo, que es el equivalente al Tribunal Constitucional en Cataluña.

Tal y como se establece en los artículos 16 y 23 de la citada norma, cualquier ley, incluso las de lectura única -como pretende aprobar Puigdemont la de Transitoriedad-, deberá superar un dictámen del Consejo si así lo exigen dos grupos parlamentarios.

Así las cosas, explican las fuentes consultadas, una vez que Junts pel Sí informe del registro de la Ley de Transitoriedad y pida su lectura única y posterior votación, “bastará con que nos levantemos al menos dos partidos para exigir su bloqueo hasta que sea analizada por el Consejo”.

El pacto puede cerrarse esta semana

La estrategia, explican las fuentes consultadas, empezó a gestarse la semana pasada, después de la reunión de la Mesa del Parlament en la que salió adelante la iniciativa para cambiar el reglamento de la Cámara.

Después de ese encuentro, el representante del PSC en el órgano de gobierno del parlamento, David Pérez, comentó con sus homólogos de Ciudadados y Catalunya Sí Que es Pot (Podemos), José María Espejo y Joan Josep Nuet respectivamente, la posibilidad de llevar a cabo esta petición cuando Junts pel Sí presente la Ley de Transitoriedad.

Las conversaciones entre los partidos de la oposición, incluido el PP, continuarán esta semana, y en los grupos parlamentarios dan por hecho que habrá “frente común” contra la maniobra independentista de JxSí y la CUP.

El TC gana tiempo

Las fuentes consultadas por ECD recuerdan que el Consejo de Garantías Estatutarias ya sirvió para bloquear la tramitación de los Presupuestos y que, de hecho, ha declarado inconstitucional la disposición presupuestaria para el referéndum. Un antecedente que hace que los partidos de la oposición sean optimistas con la posición que pueda tener el organismo.

No obstante, sea cual sea la postura adoptada por el Consejo en este asunto, lo seguro es que, al tener que realizar un dictamen sobre la Ley de Transitoriedad, la tramitación de esta norma quedará temporalmente bloqueada.

Una circunstancia que permitirá al Tribunal Constitucional ganar tiempo de cara a la preparación del auto que bloquee la puesta en marcha de la ley y también deje sin efecto el decreto de convocatoria de referéndum que se aprobaría a continuación.

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