Más de un millón de jubilados catalanes recibirán una carta con argumentos contra la independencia
Societat Civil Catalana les advierte de que con la secesión la pensión media podría reducirse hasta un 16,9%
Es la última semana para que los catalanes decidan su voto para las elecciones del 27-S. Estos comicios son especialmente decisivos de cara al reto soberanista impulsado por Artur Mas y su coalición independentista Junts pel Sí. Entre los temas que aborda la campaña está la sostenibilidad de una Cataluña fuera de España.
Según pudo conocer El Confidencial Autonómico, la asociación constitucionalista Societat Civil Catalana enviará más de un millón de cartas a los buzones de los jubilados catalanas. En ella se les explicará el riesgo que supone para el sistema de pensiones que Cataluña alcance la independencia. Entra dentro de las acciones que el colectivo realizará dentro de su campaña “Pongamos fin al separatismo”.
El argumentario sostiene que en una Cataluña independiente se reducirán las exportaciones de bienes entre el 10% y el 50%. Estas pérdidas supondrían una reducción de empleo de entre el 2,3% y el 11,6%. Este descenso afectaría de forma negativa al sistema pensiones haciendo que la pensión media sufriese una reducción de entre el 2,5% y el 12,7%.
Habría que añadir la pérdida de complementos a mínimos sufragados por el Estado – 868,8 millones de euros en 2014-, la financiación de las pensiones y otras prestaciones no contributivas la reducción se amplía y podría situarse entre el 6,7% y el 16.9%.
Según el informe de Societat Civil Catalana, la pérdida de ingresos por cotizaciones sociales e IRPF en Cataluña a consecuencia del secesionismo supondría una cifra estimada entre 993 millones y 4.965 millones de euros cada año.
Advierten que en caso de independencia habría que crear una administración de Seguridad Social nueva y que la española no pagaría las prestaciones de los residentes en Cataluña.
Esto supondría la puesta en marcha de un nuevo sistema con registros informáticos para rastrear las cotizaciones y bases realizadas, la dotación de servicios de recaudación, etc. Lo que supondría –a juicio de este colectivo- un gasto superior a la media europea durante los primeros años y nunca inferior a ese promedio durante los primeros 15.
Sostienen que el sistema de pensiones sólo podría mantenerse si el PIB catalán no se viera afectado. En cambio, argumentan que en un primer momento tras la independencia la región entraría en una crisis económica a consecuencia de la salida de España y la Unión Europeo. Eso supondría una bajada en el PIB y una dificultad para pagar las pensiones.
Prestaciones de muerte y supervivencia
El sistema de Seguridad Social tiene cien años de vida en España. En caso de fractura, las prestaciones –según sostienen- vinculadas a las prestaciones de muerte y supervivencia se toparían con problemas porque partirían de circunstancias que se produjeron en un territorio del cual no se tiene información.
Igualmente Cataluña tendría que hacerse cargo de un elevado número de pensiones de los trabajadores emigrantes de otras regiones que tras la jubilación decidieron volver a sus localidades de origen. Aseguran en el informe que muchos de sus hijos permanecen en Cataluña y su interés es que se garantice las pensiones a sus progenitores independientemente de dónde residan.
Estos argumentos se recopilaron en un evento el pasado lunes en la Casa del Mar de Barcelona centrado en los efectos de una declaración unilateral de independencia. Allí acudió el ex ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio; diputados del Congreso y miembros del Pacto de Toledo, Carolina España y María Isabel López i Chamos; el catedrático de la Universidad de Barcelona, Jordi García Viña; y Joan Llorach, coautor del libro de Josep Borrell contra los mitos nacionalistas. A esta cita también estuvo invitado el ex ministro Borrell, sin embargo un compromiso familiar le impidió asistir.
