Sábado 21/07/2018. Actualizado 01:00h

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Comunidad Valenciana

Acció Cultural del País Valencià denuncia ante la ONU “los abusos del Estado español” por discriminar la lengua valenciana

Comunidad Valenciana

En el informe presentado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos asegura que hay policías que maltratan físicamente a quienes se dirigen a ellos en un idioma distinto del castellano

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La política lingüística española respecto a las lenguas cooficiales llega a las Naciones Unidas. Acció Cultural del País Valencià y la Red Europea de Igualdad de las Lenguas han enviado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos un informe en el que recogen algunos casos que, según ellos, demuestran la “ideología supremacista” que impera en la administración española contra las otras lenguas cooficiales.

Logo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y manifestación de Acció Cultural del País Valencià. Logo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y manifestación de Acció Cultural del País Valencià.

Hace varios meses, asociaciones contrarias al pancatalanismo de Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares e incluso Cataluña presentaron ante el Parlamento Europeo una denuncia que desgrana los ejemplos de “penetración e injerencias catalanas” en sus culturas y modalidades lingüísticas regionales.

Ahora se ha presentado otra denuncia, pero de signo contrario y no ante las autoridades europeas, sino directamente ante la Organización de las Naciones Unidas.

La “ideología supremacista” de las instituciones de España

El Confidencial Autonómico ha podido saber que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) -una de las principales asociaciones en la defensa del catalán en la Comunidad Valenciana- ha enviado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU un informe “sobre los abusos que se perpetran en el Estado español por motivos de discriminación lingüística”.

El documento ha sido redactado por Ferran Suay, responsable de Política Lingüística de Acció Cultural y vicepresidente del European Languages Equality Network (Red Europea de Igualdad de las Lenguas). Suay defenderá su informe en Ginebra ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en el marco de la revisión periódica del respeto a los derechos humanos en los distintos países.

Acció Cultural del País Valencià, en este informe presentado a Naciones Unidas, presenta algunos casos “de los centenares que se han denunciado y que son una mínima parte de los que probablemente ocurran”, que identifican y subrayan lo que esta entidad denomina “la ideología supremacista que impregna a la administración pública española”: es decir, todas las trabas que se ponen al uso de las lenguas cooficiales -el valenciano, en el caso de la Comunidad Valenciana- para tratar de imponer el castellano.

Policías y jueces contra las lenguas cooficiales

Esta “ideología supremacista”, según Acció Cultural, se manifiesta con especial virulencia en el trato entre los ciudadanos y los miembros de algunos cuerpos policiales (que no identifica). En el informe presentado a la ONU denuncia que hay policías “que llegan a maltratar físicamente a personas por el simple hecho de haberse comunicado con ellos en un idioma (a menudo, perfectamente oficial) que no es el castellano”.

La denuncia contra “los abusos del Estado español” presentada por la asociación valenciana señala que hay médicos que deniegan la asistencia sanitaria a pacientes que se expresan en “el idioma oficial del pueblo en el que viven” -es decir, en valenciano-.

También desglosa casos de discriminación lingüística en el sistema judicial. Por ejemplo, asegura que a algunos padres se les retira la custodia de sus hijos porque no se comunican con ellos en castellano. Y lo peor, explica este informe de Acció Cultural del País Valencià en el que denuncia las infracciones a los derechos humanos que se cometen en España, es que “los tribunales, que habrían de actuar como garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos, son muy permeables al supremacismo lingüístico que se denuncia, y someten a los denunciantes a una situación de indefensión legal, que es incompatible con la vigencia de un estado de derecho”.

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