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Comunidad Valenciana

La desaparecida Campus Party de Valencia, bajo sospecha. El tribunal de cuentas autonómico denuncia irregularidades: recibió más de un millón de euros del gobierno de Francisco Camps

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Dos diputados de Compromís per València han accedido a parte de la facturación de la última Campus Party, que dejó de celebrarse en Valencia después de 11 años por cuestiones presupuestarias. Según los documentos, la entidad organizadora, una asociación sin ánimo de lucro, justificó un millón de euros subvencionados por la Generalitat a través de nóminas que llegaban hasta los 6.000 euros.

El grupo parlamentario de Compromís ha denunciado ante las Cortes Valencianas varios “puntos oscuros” detrás de la Campus Party, un evento pensado para amantes de las nuevas tecnologías que albergó la capital valenciana entre 2000 y 2011. Según han explicado a El Confidencial Autonómico fuentes del partido, el convenio firmado en 2007 entre el Gobierno que entonces dirigía Francisco Camps y la organización tiene “partidas dudosas”.

Además, hay más documentación que arroja sombras sobre la Campus Party. El último informe del Síndic de Comptes, el órgano que controla cuestiones económicas y presupuestarias en la Comunidad Valenciana, ha detectado irregularidades en la contratación y en la manera en que la empresa organizadora justificó la aportación de la Generalitat en 2011. Vea el informe aquí (pág. 255 y siguientes).

Las nóminas de parte de los trabajadores de la Campus Party, empleados de sociedades limitadas, se abonaban con dinero de las subvenciones públicas. Desde Compromís plantean esta pregunta: “¿por qué tenía que pagar la Generalitat el sueldo de un empleado de una empresa privada?”.

La recomendación del Síndic de Comptes para la Ciudad de las Artes y las Ciencias es que exija a la empresa contratista que justifique en qué se invirtió esa subvención de un millón de euros. Para ello, se les ha conminado a que aporten las facturas originales de cualquier subcontrata.

Al margen de las irregularidades, la organización de la Campus Party decidió abandonar Valencia en febrero de 2012 por razones presupuestarias. Según dijeron sus responsables, el coste de seguir celebrándola en la capital del Turia era “inasumible”.

Nóminas ‘subvencionadas’

Desde Compromís, el partido que también ha presentado su propia documentación, lo tienen claro: “Se supone que la asociación organizadora no tenía ánimo de lucro, pero la actividad que luego generaba la Campus Party la desarrollaba a través de sociedades limitadas”. Además del diputado Fran Ferri, también consultó la documentación su compañero de partido, Enric Morera.

“En 2007 la Generalitat pasó de aportar 600.000 euros al año a 1.300.000 euros”, explican. Esto les hace sospechar que “realmente existía un ánimo de lucro evidente a expensas del dinero público” por parte de la Asociación E3 Futura, la organizadora.

En palabras del diputado Ferri, “había sueldos de más de 6.000 euros netos al mes”. Era el caso del director de la Campus Party, uno de los responsables de la empresa adjudicataria. “Además, el titular del registro de participantes no era esta asociación, sino otras empresas privadas vinculadas a los organizadores”, añade.

La primera de estas fiestas se celebró en el año 2000, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y llegó a congregar a 27.000 personas el verano de 2011.

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