Domingo 17/12/2017. Actualizado 01:00h

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Comunidad Valenciana

Una sentencia judicial de la Comunidad Valenciana anula por primera vez un ERE en una empresa pública: obliga a readmitir a los despedidos y sienta precedente en España

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado nulo el ERE que quería ejecutar la Generalitat sobre la Agencia Valenciana de Movilidad, una empresa pública. Según los sindicatos de empleados públicos, este fallo crea jurisprudencia y puede extrapolarse a otros expedientes de regulación llevados a cabo en sociedades estatales y autonómicas.

El comité de empresa de la dirección de la Agencia Valenciana de la Movilidad está de enhorabuena. La Sala de lo Social del TSJV ha anulado el ERE que había causado el despido de 31 personas dentro del plan de ajustes de la Generalitat. Según explican a El Confidencial Autonómico fuentes del sindicato CSIT, la importancia de esta sentencia radica en que es “extrapolable” a otros EREs de la Administración Pública, dentro y fuera de la Comunidad Valenciana.

El fallo al que ha tenido acceso ECA recoge que dentro del proceso de ERE no se entregó a los trabajadores “la documentación necesaria” que acreditase la “insuficiencia presupuestaria” que se suponía debía justificar los despidos.

“Los fundamentos de esta sentencia son extrapolables a las demandas sobre despidos colectivos en otras empresas públicas”, añaden. Lo contrario supone una posible causa de nulidad del ERE.

Además, el Tribunal acusa a la Generalitat valenciana de no haber llevado a cabo “una negociación de buena fe” y no respetar el espíritu del período de consultas.

“La principal consecuencia de la sentencia es que se tendrá que readmitir a todos los trabajadores afectados, un total de 31”, explican fuentes sindicales. La Agencia de Movilidad se dedica a coordinar los transportes en el área metropolitana de la ciudad de Valencia.

La sentencia también hace hincapié en que, durante la negociación, el Ejecutivo valenciano “rechazó cualquier propuesta” de los representantes de los trabajadores para “minimizar el impacto de despidos en el mayor número posible”.

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