Viernes 22/06/2018. Actualizado 01:00h

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Comunidad Valenciana

Afirma que es “una verdadera STASI lingüística”

Defensa del Castellano recurrirá con donativos el decreto valenciano de la Oficina de Derechos Lingüísticos

La asociación valenciana lo llevará a los tribunales por castigar el español, lo que supone 3.000 euros de gastos. Ya han logrado 1.880 euros

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Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana asegura que es ilegal lo que está haciendo la Oficina de Derechos Lingüísticos porque "no protege los derechos de ambas lenguas oficiales" ya que impone y castiga a quien use el castellano en la Comunidad. Van a recurrirlo judicialmente.

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La asociación para la Defensa del Castellano de la Comunidad Valenciana estima que el decreto 187/2017, de 24 de noviembre, por el que se regula la creación y funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos, es “absolutamente ilegal desde el propio título, ya que los derechos lingüísticos deben ser protegidos para ambas lenguas oficiales (…), e impone y castiga a quien use el castellano en la Comunidad Valenciana”.

Para recurrirlo judicialmente, necesitan 3.000 euros, para pagar los honorarios del abogado y el procurador, que se han propuesto lograr mediante aportaciones voluntarias. Hasta la fecha, han logrado ya más de la mitad, 1.880 euros.

“Calcada de la Oficina de Garantías Lingúisticas de Cataluña”

Según afirma DDC, “esta Oficina es como la STASI lingüística” (Ministerio para la Seguridad del Estado, era el órgano de inteligencia de la República Democrática Alemana –RDA-, creada en 1950 y en vigor hasta 1989, el mismo año de la caída del Muro de Berlín), y añade: “vulnera derechos personales y la libertad de los ciudadanos, toma decisiones sobre las relaciones en el ámbito privado, como pueda ser en un comercio, empresa, oficina, etc., y su estructura y finalidad está calcada de la Oficina de garantías lingüísticas de Cataluña”.

“Este decreto apuntala el requisto lingüístico a todos los niveles en la Comunidad Valenciana, y actuará esta oficina a nivel local, autonómico y estatal pese a no tener competencias para ello”, afirman desde DDC.

La mencionada oficina no sanciona, pero sí abre expedientes informativos que, en su caso, abrirán una resolución administrativa. “Se creará un registro oficial de ‘buenos y malos valencianos’”, señalan desde la asociación.

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