Esquerra Unida recurre a la Comisión Europea para que España no pague la indemnización del Castor
La diputada en Estrasburgo, Marina Albiol, solicitará una investigación sobre el papel del Banco Europeo de Inversiones en el proyecto de ACS
La federación valenciana de Izquierda Unida ha emprendido una campaña parlamentaria para intentar evitar que las pérdidas por el cierre del almacén de Castor, frente a la costa de Castellón, recaigan en las arcas públicas. Para ello pide la implicación del Síndic de Greuges valenciano, pero también de la Comisión Europea.
La paralización de la actividad del Castor por los temblores de tierra que se produjeron en la zona costera de Castellón y Tarragona provocó la renuncia de Escal UGS, participada por la constructora ACS, a la concesión de este almacén subterráneo de gas.
El Consejo de Ministros aprobó una indemnización de 1.350 millones de euros para la compañía, lo que ha desatado reacciones en contra de partidos políticos. Uno de los que está intentado que el Estado no haga este desembolso es Izquierda Unida, y sobre todo su federación Valenciana, Esquerra Unida.
El Confidencial Autonómico ha podido saber que la eurodiputada Marina Albiol ha pedido a la Comisión Europea una copia del documento en que se especifica la modificación de la cláusula que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en 2012, “mejorando para la empresa gestora unas condiciones ya muy ventajosas, y que se tradujeron en ampliar de cinco (que era el número de años inicial) a 25 años el período de renuncia, que es todo un regalo para la empresa privada”, ha manifestado Albiol.
La propia Albiol confirma a ECA que se han registrado ya varias iniciativas en relación al almacén de gas Castor en el Parlamento Europeo. Ahora va a dar un paso más, y solicitará a la Comisión Europea que abra una investigación “para analizar el papel del Banco Europeo de Inversiones en un proyecto tremendamente lesivo para los ciudadanos y el medio ambiente, que ha provocado más de 500 seísmos y se prevé una indemnización multimillonaria”.
Y es que el BEI adquirió 300 millones de euros en bonos de la empresa del Castor, Escal, para impulsar la inversión en esta plataforma de gas en el mar Mediterráneo.
Reclamación al defensor del pueblo valenciano
Por su parte, Víctor Tormo, diputado de Esquerra Unida del País Valencià en las Cortes Valencianas, pide la implicación del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana) para evitar que los ciudadanos paguen el cierre del almacén de gas Castor.
Según explica a El Confidencial Autonómico, el diputado de Esquerra Unida ha enviado un escrito al Síndic para pedirle que “defienda los intereses de los valencianos” en este contencioso por la plataforma marina.
Tormo pone de ejemplo a la sindicatura catalana, que “está trabajando con empeño para que la indemnización no recaiga en los ciudadanos”, según declara, y le echa en cara a la institución homóloga valenciana su silencio, lo cual es “una vergüenza, tratándose de una instalación en tierras valencianas”.
Tanto Víctor Tormo como Marina Albiol denuncian que la indemnización por el almacén Castor “irá al bolsillo de Florentino Pérez, y los ciudadanos no deben pagarla, sino los responsables políticos, sean del PP o del PSOE, tanto a nivel político como judicial”.
Víctor Tormo define la historia del Castor como “una inmensa martingala, en la que el PSOE acusa al PP, y el PP al PSOE, pues fue aprobado por el gobierno de Zapatero después de que el gobierno estatal del PP y con el apoyo del PP autonómico valenciano se mostraran a favor, para finalizar en 2012 con una modificación vergonzosa que beneficia a la empresa gestora”.
