Sábado 18/11/2017. Actualizado 01:00h

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La Fiscalía de Castellón ultima la investigación para decidir si acusa de delito ambiental a Castor y a altos cargos del Gobierno

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Ya ha habido una prórroga en las pesquisas para determinar las responsabilidades penales de la empresa concesionaria del almacén de gas y de los responsables políticos

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La polémica por los seísmos en la costa levantina por la actividad de la plataforma de gas Castor tiene varias vertientes; la judicial está a punto de saltar a la actualidad, ya que la Fiscalía de Castellón tiene muy avanzado el informe con el que decidirá si señala como autores de un delito contra el medio ambiente a la filial de ACS que gestiona el almacén Castor y a los altos cargos del Gobierno central que en su día concedieron los permisos.

Alberto Fabra, José Manuel Soria y José Manuel García-Margallo, en la plataforma Castor. Alberto Fabra, José Manuel Soria y José Manuel García-Margallo, en la plataforma Castor.

El Confidencial Autonómico ha podido confirmar que la Fiscalía de Castellón –que abrió la investigación de oficio- está ya ultimando su informe para decidir si finalmente acusa a la empresa concesionaria, Escal UGS, y a responsables políticos del Gobierno central por un supuesto delito ambiental.

Los 540 seísmos producidos en 2013 y vinculados a la actividad del almacén de gas submarino, algunos con una magnitud de hasta 4,2 grados en la escala de Richter, están siendo estudiados por la Audiencia de Castellón.

La Fiscalía está buscando al detalle las posibles responsabilidades penales y, según ha sabido ECA, “ya ha prorrogado en una ocasión el plazo de resolución para confirmar si hay responsabilidades penales”, según afirman fuentes cercanas al proceso.

La gran cuestión que la Fiscalía aborda es concluir si se incurrió en delito durante el proceso de tramitación, aprobación o puesta en marcha del almacén de gas, situado a 1.700 metros de profundidad en el mar, frente a la costa de Vinaroz.

Los alcaldes de la zona norte de Castellón y la Diputación de Castellón siempre se han dirigido hacia los ministros de Medio Ambiente del Gobierno de Zapatero, pero desde el PSOE señalan que “en la tramitación inicial del Castor gobernaba el PP”, por lo que la investigación de la Fiscalía está investigando todo el proceso.

Indignación entre los vecinos de los pueblos afectados

Los habitantes de las poblaciones afectadas por los seísmos –Alcanar, San Carles de la Rápita y Ulldecona, en el sur de la provincia de Tarragona; Vinaroz, Benicarló y Peñíscola, en el norte de la provincia de Castellón– se han sumado a las protestas de los alcaldes por conocer los resultados de los informes del Ministerio de Industria por los medios de comunicación.

Julio Filippi, que vive en Benicarló, afirma que “me voy enterando del resultado de los informes a través de El Confidencial Digital, y sin quitar méritos al trabajo de los medios de comunicación, los afectados deberíamos ser los primeros en conocer esos resultados, y no los políticos o los medios de comunicación”.

Los penúltimos que han protestado por esta estrategia del Ministerio son los integrantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Terres del Sénia, que pertenecen a las localidades tarraconenses afectadas. “Cuando supimos que ya tenía el Ministerio el informe del Instituto Geográfico Nacional el 18 de diciembre y nosotros nos hemos enterado cinco meses después –el 12 de mayo-, nos indignamos, pero ahora sabemos que el Ministerio tiene el Informe del Instituto Geológico y Minero de España, sin que nos mantenga informados”, afirman fuentes de la Plataforma.

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