Sentencia contra plurilingüismo

Padres valencianos: “La Justicia reconoce que no se nos ha dejado optar”

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anula buena parte del Decreto Ley 3/2017 por imponer la lengua de la Comunidad

Manifestación en Alicante contra el decreto de plurilingüismo de la Generalitat Valenciana.
Manifestación en Alicante contra el decreto de plurilingüismo de la Generalitat Valenciana.

El pasado jueves, 26 de abril, se hizo pública la sentencia del TSJCV – con fecha 25 de abril  – estimando el recurso del Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular contra el Decreto Ley 3/2017 valenciano, anulando una buena parte de su articulado  y anexos, que se aprobó por vía de urgencia al derogarse el  decreto 9/2017, denominado “decreto Marzà” – el consejero de Educación -.


El Foro por el Recurso a Elegir Lengua Vehicular en la Comunidad Valenciana está integrado por la confederación CONCAPA – padres de la concertada -, la federación COVAPA –padres de la pública – y la asociación Idiomas y Educación. Como han expresado a El Confidencial Autonómico fuentes del Foro, “a partir de esta sentencia puede decirse que los padres contamos con el derecho a elegir lengua vehicular en la Comunidad Valenciana, y en España, porque su amplia fundamentación jurídica se basa también en normas y jurisprudencia de ámbito nacional, e incluso europeo”.

Para el Foro que ha recurrido y como expresan a este digital, “es definitivo que la sentencia afirme que no se ha dejado a los padres elegir la lengua vehicular, en perjuicio del castellano, confirmando lo que desde el comienzo hemos denunciado, que es una ley ‘rodillo’, dictatorial y contra la libertad educativa”.

“Se ha impuesto en 2017 el modelo linguïstico en los centros escolares valencianos desde la Administración y por los Consejos Escolares, obligando a elegir centro en una semana – del 22 al 29 de mayo pasado -, y el Programa Lingüístico de Centro (PLC) no ha sido elegido por los padres, lo cual es el eje de la sentencia”.

Otra disposición del Decreto Ley ha sido derogada: la que obliga a un centro a tener un único modelo lingüístico: el valenciano, el mixto valenciano-castellano  o el castellano, argumentando que no se debe “segregar” teniendo varias líneas diferentes en un centro educativo. El TSJCV alega que no es segregación que existan varias líneas en diverso idioma en un mismo centro, y que es parte de la libertad de elección.

El TSJCV recoge un dato especialmente llamativo, desglosándolo por ciudades de la provincia de Castellón: “de 91 centros educativos sostenidos con fondos públicos y que tuvieron que optar por un PLC  en 2017 para este curso 17/18 ninguno tiene línea en castellano y 75 en valenciano, siendo el resto mixto valenciano-castellano”,  destacan desde el Foro.

La línea castellana no deber ser mera apariencia

Por otra parte, la sentencia recoge jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de “que la línea castellana no sea mera apariencia”, aludiendo a que eso sucede con el mencionado Decreto Ley valenciano, que se aprobó por vía de urgencia para el curso 17-18, y que por tanto deja de tener  vigencia cuando acabe este curso.

Para el Foro, “es gravísimo lo que ha sucedido hasta ahora en la Comunidad Valenciana pretendiendo imponer el valenciano por razones ideológicas y con fines políticos a medio plazo que no se escapan a nadie, y esta sentencia es un freno definitivo, aunque también desde el Gobierno central y los partidos políticos que dicen defender la elección de lengua vehicular deben adoptar medidas y vigilar: la imposición pretendida por el tripartito valenciano se ha servido de engaños, disfraces… y nos tememos que lo intente de nuevo: estaremos vigilantes como hasta ahora”.

En ese sentido, recuerdan que “el Decreto Ley 3/2017 incorporaba el núcleo del Decreto derogado, el 9/2017: la Justicia tumbó el Decreto, y optaron por un Decreto Ley, curiosa forma de asumir las sentencias alegando una urgencia que no existía salvo en sus fines de adoctrinamiento lingüístico e ideológico”.

 

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