Jueves 24/05/2018. Actualizado 01:00h

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Comunidad Valenciana

También reclaman a la Fiscalía que investigue a Ximo Puig

Piden un recurso de inconstitucionalidad contra la ley valenciana de plurilingüismo

La asociación “Idiomas y Educación” se va a dirigir a diputados, senadores, el presidente del Gobierno y el Defensor del Pueblo para que tomen la iniciativa

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Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado alas a las familias de esa comunidad que, agrupadas en asociaciones como “Idiomas y Educación”, luchan contra la ley de la Generalitat Valenciana (PSPV-Compromís) que impuso el plurilingüismo. Esta entidad pretende ahora tumbar por completo esa norma en el Tribunal Constitucional.

Sede del Tribunal Constitucional. Sede del Tribunal Constitucional.

Como informó El Confidencial Autonómico el domingo 29 de abril, la satisfacción de las entidades recurrentes - “Idiomas y Educación”, CONCAPA – padres de la concertada – y COVAPA –padres de la pública -, integrando el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular - tras la sentencia del máximo órgano judicial de la Comunidad Valenciana (TSJ) contra la enseñanza plurilingüe valenciana, en la que se reconoce la discriminación del castellano y que no se ha dejado elegir a los padres la lengua vehicular de enseñanza ha sido máxima.

Sin embargo, a la vista del “sectarismo e imposición permanente que hace el gobierno tripartito valenciano, es preciso que se impliquen entidades o partidos estatales, que son los que pueden presentar recurso de inconstitucionalidad”, afirman desde la asociación alicantina “Idiomas y Educación” a este digital.

La asociación “Idiomas y Educación” va a pedir que “presenten recurso de inconstitucionalidad los que pueden hacerlo: 50 diputados, o 50 senadores, o el Defensor del Pueblo, o el Presidente del Gobierno”.

Además, a la Fiscalía General del Estado le va a reclamar que actúe de oficio para ver si los responsables de Educación valencianos – el consejero Vicent Marzà y su número 2, Miguel Soler – e incluso Ximo Puig han incurrido en delito de de prevaricación y desobediencia a los tribunales”.

Hay un plazo de 3 meses para interponer recurso de inconstitucionalidad, y de 9 meses si lo interpone el Presidente del Gobierno”.

Motivos de la urgencia

“Es urgente interponer recurso de constitucionalidad para frenar la aplicación de una norma manifiestamente ilegal, inconstitucional y que genera un enorme perjuicio a los jóvenes de esta comunidad”, afirman a ECA.

Desde “Idiomas y Educación” piden a los partidos que “dicen defender el castellano y el derecho de los padres a elegir lengua vehicular en la enseñanza, y al Gobierno central, actuando con determinación y firmeza, a diferencia de otras actuaciones del pasado, que pretendían, como primer objetivo, evitar enfrentamientos con los gobiernos autonómicos”.

Las autoridades valencianos hicieron caso omiso de la suspensión del Decreto 9/207, incorporando su núcleo central al Decreto Ley 3/2017 – que ha sido derogado en buena parte por la mencionada sentencia del pasado 25 de abril – y, de nuevo, en la Ley 4/18, “constituyendo una larga lista de imposiciones a los padres en un plazo muy corto y desoyendo las sentencias judiciales”, afirman desde la asociación alicantina.

“Hay que llegar hasta el final por la vía judicial, y sólo pueden presentar el recurso de inconstitucionalidad los representantes políticos mencionados, no personas físicas ni una asociación: no se nos puede abandonar a la sociedad civil valenciana, que ha logrado defender sin cansancio el derecho a elegir lengua en la enseñanza”, subrayan desde la asociación alicantina. “Es la hora de que se retraten, de verdad, los partidos políticos y el Gobierno central”.

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