Jueves 24/05/2018. Actualizado 01:00h

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Comunidad Valenciana

Por discriminar el castellano

Urgen al Defensor del Pueblo a que presente recurso de inconstitucionalidad contra la ley educativa valenciana

La asociación “Idiomas y Educación” solicitó ayer, con instancia urgente, que Francisco Fernández Marugán, entregue el recurso antes del 22 de mayo

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Desde la asociación “Idiomas y Educación” se han dirigido al Defensor del Pueblo para que presente recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/18, ya que el plazo acaba el 22 de mayo, tres meses después de la aprobación de la ley.

Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones. Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones.

Ayer, 17 de mayo, se abrió el proceso de escolarización y “en la web oficial de la Generalitat todavía no están los programas lingüísticos que pretende imponer”.

Desde la asociación "Idiomas y Educación", explica que continúa imponiendo el valenciano en perjuicio del castellano, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que dictó el pasado 25 de abril que echaba por tierra normas anteriores similares por su contenido dictatorial”.  Sobre las reacciones ante la sentencia informó este digital el pasado 1 de mayo.

“El consejero de Educación, Vicent Marzà, ha dejado claro  en estos días que va a imponer la dictadura lingüística, y le recordamos que no hay que confundir derecho con obligación, y a los padres no se nos va dejar elegir de nuevo”, expresan a El Confidencial Autonómico desde la asociación.

Recuerdan que la sentencia del TSJCV se dictó a raíz de los recursos contenciosos administrativos de 11 entidades: Idiomas y Educación, CONCAPA, FCAPA, COVAPA, ANPE, CSIF, USO, asociación Defensa del Castellano, PP, Vox y Diputación de Alicante, “recogiendo todo un clamor de la sociedad contra la imposición del valenciano, que debe ser respetado y apoyado por quien tiene capacidad jurídica para recurrir inconstitucionalmente la ley 4/18”.

Rajoy tiene de plazo hasta el 22 de noviembre

Destacan que “si se demora el recurso de inconstitucionalidad, la ley de imposición lingüística entrará en vigor, y no queremos esperar a las elecciones de 2019, a ver si se produce un cambio político,  pues es prolongar la dictadura y la ilegalidad”.

“Nos consta que el Defensor del Pueblo ha recibido multitud de peticiones para que  presente el recurso de inconstitucionalidad, y aunque el recurso puede presentarlo el presidente del Gobierno antes del 22 de noviembre y  ha prometido que va a estudiar la ley,  dilatar el recurso ya es un perjuicio educativo grave”.

“Se ve que para el Gobierno valenciano es una urgencia imponer el valenciano, buscando siempre hechos y normas aprobadas con celeridad, pero  el Defensor del Pueblo debe demostrar que está al lado de las justas quejas de la mayoría de los padres valencianos”, afirman a ECA.

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