Lunes 11/12/2017. Actualizado 01:00h

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Estado Autonómico

El Gobierno da seis meses a las comunidades autónomas para pagar sus facturas en 30 días

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La ley entra en vigor el 1 de enero de 2014, pero para muchos gobiernos regionales es imposible cumplirla ya

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Esta semana, el Congreso aprobará la Ley de Morosidad que establece plazos (y sanciones) más estrictos para que las administraciones públicas paguen sus facturas a los proveedores. Aunque la ley entrará en vigor el 1 de enero, el Gobierno sabe que muchas comunidades autónomas no tienen aún capacidad de ajustarse a esos plazos. Por eso ha fijado una nueva fecha tope para que todas cumplan con los 30 días: comienzos del segundo semestre de 2014.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una reunión con los consejeros autonómicos de Hacienda. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una reunión con los consejeros autonómicos de Hacienda.

El plan de pago a proveedores fue una de las promesas electorales que Mariano Rajoy suele esgrimir en sus intervenciones como uno de los logros de su acción de Gobierno.

Además de impulsar tres de estos planes, el Ejecutivo central va a aprobar esta semana la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, con el objetivo de evitar que las administraciones públicas no paguen a las empresas con las que contratan bienes o servicios.

No volverá a haber facturas en los cajones”, sentenció Antonio Beteta, secretario de Estados de Administraciones Públicas, en clara referencia a la práctica de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas en el pasado.

Está previsto que la norma legal, una vez supere los trámites parlamentarios, entre en vigor el 1 de enero de 2014. A partir de esa fecha, las instituciones y organismos de las administraciones central, regional, provincial y local deberán pagar sus facturas a proveedores, como mucho, en 30 días.

Flexibilidad hasta el mes de junio

Sin embargo, la situación financiera de algunas comunidades autónomas va a trastocar los planes del Gobierno. Fuentes del Partido Popular aseguran a El Confidencial Autonómico que el Ejecutivo está dispuesto a ser flexible con las autonomías que tienen más problemas financieros y a las que, a dos semanas de empezar 2014, les sería imposible cumplir ese plazo de pago.

Sin embargo, esta concesión del Gobierno tiene un límite: el mes de junio, a partir del cual se espera que todas (o la mayoría) estén en condiciones de abonar sus facturas en un máximo en un mes.

Será, por tanto, en el segundo semestre del año que viene cuando el Ministerio de Hacienda -que es el impulsor de los planes de pago de proveedores- exija definitivamente a los gobiernos de las comunidades autónomas que paguen en 30 días a sus proveedores.

El Gobierno podrá subir o bajar impuestos en las incumplidoras

El aún proyecto de ley en tramitación incluye una gran variedad de “herramientas” que el Gobierno central podrá utilizar para actuar contra las autonomías morosas que no cumplan la ley.

Las primeras medidas serán sólo de prevención: Hacienda se limitará a “comunicar” a esa comunidad autónoma -cuando incumpla dos meses los plazos- el importe que deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores. También podrá retener transferencias autonómicas para pagar a los deudores, y la autonomía en cuestión tendrá que pedir permiso al Estado para emitir deuda a largo plazo.

Si la morosidad persiste, el Gobierno podrá incluso asumir las competencias autonómicas en materia de tributos, modificando su sistema de impuestos para conseguir recursos con los que pagar las facturas de los proveedores de estas administraciones.

Algunos gobierno se han comprometido a cumplir

Hace casi dos meses, el Ministerio de Hacienda puso en marcha el tercer tramo del plan de pago a proveedores destinado a las comunidades autónomas. Fuentes de un gobierno regional consultadas por El Confidencial Autonómico confirman que este ha sido el último plan: “No va a haber más”.

Las administraciones afrontan de manera muy diversa la inminente obligación de hacer frente a los pagos en 30 días. Por ejemplo, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, denunció que el último informe de la Intervención General del Estado pone de manifiesto que el Gobierno central está pagando a sus proveedores en unos 37 días de media, plazo que en ministerio como el de Agricultura supera los 40.

Autonomías y municipios están posicionándose públicamente sobre si podrán cumplir ya este requisito legal. Por ejemplo, Galicia ya paga en 30 días, mientras que Andalucía lo ve como un objetivo “ideal”, aunque pide más recursos para conseguirlo.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se comprometió a no superar ese mes de plazo medio de pago; un compromiso que también adquirió el Gobierno autonómico de Baleares. Desde Castilla-La Mancha, fuentes del ejecutivo regional también aseguran que se empezará a pagar en ese plazo de 30 días a los proveedores, antes de ese segundo semestre en el que se “engancharán” las administraciones menos cumplidoras.

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