Sábado 16/12/2017. Actualizado 01:00h

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Estado Autonómico

Marchas de la Dignidad

Querella contra Cifuentes y los directores de Policía y Guardia Civil por los altercados del 22-M

Madrid

Sindicatos nacionalistas de Galicia, Andalucía, Valencia, Cataluña... acusan a los responsables del operativo policial de provocar los disturbios en Madrid

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Diez meses después de la llegada a Madrid de las Marchas de la Dignidad, los graves disturbios que se produjeron al final de la manifestación siguen provocando reacciones. Varios de los colectivos que organizaron la concentración van a presentar una querella criminal contra los responsables políticos y operativos de las Fuerzas de Seguridad.

Radicales atacan a los antidisturbios en Madrid en los altercados tras las Marchas de la Dignidad. Radicales atacan a los antidisturbios en Madrid en los altercados tras las Marchas de la Dignidad.

La gravedad de los altercados del 22 de marzo, con decenas de manifestantes violentos detenidos y también varias decenas de policías heridos de diversa consideración, provocaron una fuerte polémica.

Por una parte, muchos agentes recriminaron a los mandos las deficiencias en la planificación; por otra, desde las Marchas de la Dignidad acusaron a la Policía de provocar los disturbios al cargar cuando aún no se había acabado la concentración.

Contra una decena de mandos policiales

El Confidencial Autonómico ha podido saber que cerca de una docena de sindicatos nacionalistas de Galicia, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, integrantes de la organización de las Marchas de la Dignidad, van a presentar una querella criminal contra los responsables políticos y operativos del dispositivo policial del 22-M en Madrid, empezando por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosió; y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.

Las fuentes de los promotores de la querella explican que en estos últimos días estaban reuniendo los poderes de todas las organizaciones querellantes para presentar pronto el escrito, previsiblemente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por haberse producido los hechos en esta comunidad y tratarse de cargos públicos.

La querella va a apuntar también hacia importantes mandos de la Policía Nacional: el comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona; el jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP), José Miguel Ruiz Iguzquiza; el inspector jefe de las UIP, Francisco González Pescador; el entonces jefe de las UIP de Madrid, Francisco Javier Virseda; el jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid, Germán Rodríguez Castiñeira; el jefe superior de Policía Nacional en Madrid, Alfonso Fernández; el comisario de Seguridad Ciudadana de Madrid, Andrés Garrido; y los jefes de más de una decena de grupos Puma de las antidisturbios. También contra un jefe de grupo Omega de la Policía Municipal.

En la querella, sindicatos como la Central Unitaria de Traballadors (CUT) de Galicia, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la Intersindical Valenciana, y los anarquistas de la CNT y la CGT acusan a estos cargos políticos y policiales de ser responsables de varios delitos por el 22-M: lesiones, amenazas, coacciones, prevaricación, falsedad de documento público, además de atentado contra el derecho de manifestación.

“Para nosotros los disturbios tras las Marchas de la Dignidad fueron un montaje, pero tenemos que fundamentarlo jurídicamente”, explican desde uno de estos sindicatos querellantes. El objetivo de la querella, por tanto, es sobre todo tratar de demostrar que los graves incidentes que se produjeron al término de la manifestación en Madrid fueron provocados por “infiltrados policiales” cuya labor era precisamente iniciar los incidentes para que los antidisturbios cargaran y así sólo se relacionara la movilización con la violencia.

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