Martes 23/01/2018. Actualizado 11:21h

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Estado Autonómico

Han presentado el documento al PSOE

Reforma de la Constitución para acabar con las transferencias bilaterales a las autonomías

Estado Autonómico

Un grupo de juristas y catedráticos propone modernizar el modelo territorial. Defienden regular de forma exhaustiva el reparto de competencias

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El debate sobre la necesidad de reformar la Constitución Española de 1978 ha aumentado con la propuesta planteada por el PSOE para, entre otras cosas, definir el modelo territorial de España como un Estado federal. Un grupo de catedráticos y profesores universitarios ha elaborado un informe con cambios concretos que habría que incluir en la carta magna.

Conferencia de presidentes autonómicos en el Senado. Conferencia de presidentes autonómicos en el Senado.

“Informe sobre la reforma de la Constitución Española”: así se titula el estudio elaborado por una veintena de profesores de la Universidad Complutense de Madrid, la Carlos III, la Rey Juan Carlos, la de Alcalá de Henares, la de Zaragoza y la de Castilla-La Mancha, en el que plasman el resultado de unos debates y seminarios que iniciaron en mayo de 2013 y que se han prolongado durante un año y medio.

El Confidencial Autonómico ha tenido acceso a este documento -que se venderá como un libro de la editorial jurídica Aranzadi- que, entre otros asuntos (cambios en la ley electoral, en la Corona, en el Poder Judicial, en los propios mecanismos de reforma constitucional) aborda los cambios que convendría introducir en la carta magna en lo que respecta al modelo territorial y a la financiación autonómica.

Este estudio sobre la reforma de la Constitución ha traspasado el ámbito académico, ya que recientemente varios miembros del grupo de juristas que han elaborado este informe acudieron al Congreso de los Diputados y presentaron el documento al Grupo Socialista, representado por el responsable de Política Federal, Antonio Pradas, y la secretaria de Estudios y Programas, Meritxell Batet, entre otros.

En la presentación del libro, los autores señalan que “no hemos recibido encargo de partido político alguno ni hemos solicitado ni recibido financiación para nuestro trabajo. Hemos querido actuar libremente, movidos por el único deseo de cumplir con lo que entendimos era nuestra obligación como ciudadanos y universitarios”.

Sin embargo, entre los profesores que han participado en el informe se encuentra Diego López Garrido, veterano diputado socialista y ex secretario de Estado para la UE con Zapatero, y Pablo Santolaya, vocal de la Junta Electoral Central a propuesta del PSOE. Eso sí, como compareciente también aparece el nombre de Íñigo Henríquez de Luna, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

Aclarar el reparto de competencias

Uno de los apartados del informe aborda la “Forma territorial del Estado y reforma de la distribución constitucional de competencias y de los mecanismos de colaboración”. Los expertos comienzan constatando que “tenemos serias disfunciones desde hace tiempo que llegan a afectar a la misma eficiencia de la actuación del Estado y del conjunto de las Comunidades Autónomas”, y añaden que con los cambios en el modelo territorial que proponen “no se trata de solventar el llamado problema catalán, y condicionar a ello la perspectiva, sino de modernizar la casa común y hacer una oferta atractiva de convivencia, un pacto esperanzador para todos los españoles y también para los catalanes”.

Uno de los problemas que los juristas señalaron como parte de la explicación de las críticas al actual estado de las autonomías es la excesiva conflictividad competencial: es decir, los enfrentamientos entre el Estado y una o varias comunidades sobre quién tiene la facultad de aprobar una ley o ejecutar unas políticas sobre un ámbito determinado, y que suelen acabar en el Tribunal Constitucional.

Para ello, este grupo de expertos -la mayoría profesores de Derecho Constitucional- proponen que “las reglas competenciales deben estar en la Constitución y no en los Estatutos”. Lo que estos juristas piden es que la división de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas se fijen “con mayor precisión y nitidez en la Constitución y no en una multiplicidad de Estatutos de Autonomía y leyes”; especialmente precisa debería ser la distribución de competencias sobre sanidad, educación y seguridad social, que son las grandes partidas de gasto público en España.

Esa propuesta proviene, por ejemplo, de la experiencia del Estatuto de Cataluña de 2006 y otros de su generación (como el de Andalucía), que recogió numerosas competencias que podían entrar en conflicto con el Estado. Para que eso no ocurra, esta propuesta de reforma constitucional pretende hacer una lista más exhaustiva del reparto de competencias.

Subasta en una almoneda”

Pero además los expertos constitucionalistas pretenden cerrar las competencias y acabar lo que llaman “transferencias bilaterales y desprogramadas”. “Debería acabarse con el absurdo -por disfuncional, conflictivo e interminable- sistema de transferencias bilaterales y arrítmicas de competencias”, es decir, las que son fruto del acuerdo concreto entre el Gobierno de España y el ejecutivo de una de las comunidades autónomas.

Para estos juristas, esos traspasos con “a menudo fruto de negociación y subasta en una almoneda y no de una programación acorde con las necesidades de la organización conjunta del Estado”. Por eso proponen acabar con ese modelo de traspasos bilaterales de competencias, que es fruto del llamado “principio dispositivo”: fueron las diferentes provincias, y luego las comunidades autónomas que crearon éstas, las que al inicio del Estado de las Autonomías decidieron dentro de algunos límites su nivel de competencias.

Por eso, una de las ideas que estos constitucionalistas aportan al debate sobre la reforma de la carta magna es acabar con ese principio dispositivo, que es para ellos “el humus del que emanan tendencias centrífugas”. Su advertencia es clara: “Es menester cerrar la reforma territorial del Estado desde la Constitución mediante acuerdos estables […] Un Estado descentralizado no puede estar sometido a un proceso de transferencias competenciales y financieras permanentes, una variante de federalismo devolutivo sin fin posible, porque ello genera una insoportable inestabilidad”.

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