Domingo 17/12/2017. Actualizado 01:00h

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Extremadura

Los ‘privilegios’ de Ibarra y Vara en Extremadura desaparecerán después del verano. La ley que regula las prebendas de los ex presidentes se aprobará después de dos años parada

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El anteproyecto de ley que ha comenzado esta semana su trámite en la Asamblea de Extremadura supone la cuenta atrás para la desaparición de las prebendas que tenían reconocidas hasta ahora los ex presidentes de la Comunidad. Según la consejería de Administración Pública, la Ley estará lista para entrar en vigor tras el verano, probablemente en septiembre; ahora se encuentra en período de alegaciones.

Ni coches oficiales, ni personal eventual contratado para los ex presidentes de Extremadura, Rodríguez Ibarra y Fernández Vara. Éstas son algunas de las disposiciones que incluye el anteproyecto de ley al que ha tenido acceso El Confidencial Autonómico y que quiere regular el estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y la Administración extremeña.

A día de hoy, según explican a este diario fuentes parlamentarias, “ni Rodríguez Ibarra ni Fernández Vara han hecho uso de todos los privilegios que recogía ese estatuto”, en vigor desde el año 2007. Explican que ambos “renunciaron al sueldo y a la pensión, pero sí mantienen parte del personal que les asigna el texto”.

En la Ley 3/2007 –que quedará derogada al aprobarse el texto actual– se regulan las prebendas de las que podían disponer los ex presidentes de la Junta, tal y como contó en su momento este confidencial. Consisten en un salario, pensiones, personal de libre disposición, coche oficial, dietas, kilometraje y la posibilidad de usar una oficina, entre otros.

La mayoría de esas concesiones a los ex presidentes desaparecerán cuando el texto legal supere los trámites parlamentarios. Hay otros puntos que se mantienen, como las deferencias protocolarias y la incorporación al Consejo Consultivo de Extremadura.

También se contempla la posibilidad de que los ex mandatarios puedan hacer uso de un despacho en la Asamblea, aunque no con personal de libre designación. De este modo, tanto Rodríguez Ibarra como Fernández Vara podrán contar con la ayuda de los trabajadores de ese consejo, pero en ningún caso contratar trabajadores eventuales.

Previsiones de la tramitación parlamentaria

En septiembre de 2011, la Asamblea de Extremadura ya decidió que las prebendas de los ex presidentes que se habían acordado en 2007 debían desaparecer. Esta iniciativa se aprobó con los votos a favor de IU y el PP y la abstención del PSOE, pero ha habido que esperar prácticamente dos años después para que se retomasen esas medidas.

Según explican desde la consejería de Administración Pública, esta semana se ha abierto el período para que “particulares, partidos e instituciones puedan hacer alegaciones”, durante los próximos 15 días naturales. “Después habrá que proceder a su estudio y su toma de consideración”, indican desde el Gobierno, algo que llevará aproximadamente mes y medio.

“Existe una comisión permanente para el diálogo con los grupos parlamentarios”, explican. Añaden que este anteproyecto se está desarrollando al amparo de un texto más general, la Ley de Gobierno Abierto, que está a punto de volver por segunda vez al Parlamento extremeño y se calcula que se aprobará en torno al 25 de abril.

En el caso del anteproyecto, la previsión del departamento de Administración Pública es que el texto empiece a aplicarse pasado el verano, probablemente coincidiendo con el inicio del próximo curso parlamentario.

Algunos detalles de la Ley de Gobierno Abierto

En el anteproyecto se define por primera vez el concepto de cargo público como “el personal de libre elección y designación política o profesional que desempeña funciones vinculadas a la toma de decisiones en la acción de Gobierno”. Dentro de esa categoría se encuentran el presidente y los miembros del Consejo de Gobierno, los altos cargos y el personal directivo y eventual.

También se explicitan los criterios para hablar de incompatibilidad de cargos, acceso público a las declaraciones de rentas y bienes y la limitación del mandato presidencial a un máximo de 8 años.

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