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Extremadura

Por qué José Antonio Monago pudo cerrar 2012 con un 0,7% de déficit: La Junta de Extremadura recaudó 250 millones por un impuesto a la banca que llevaba 10 años ‘paralizado’

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En 2013 no habrá 'milagro extremeño' en cuanto al cumplimiento de déficit. Tanto el Ejecutivo de Monago como el Ministerio de Hacienda son conscientes de que el buen resultado de Extremadura en 2012, que cerró con un 0'7%, se debió a una "situación extraordinaria" que respondió a unos ingresos inesperados relacionados con una sentencia del Tribunal Constitucional.

Dicha sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial Autonómico, hace referencia a un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley de la Asamblea de Extremadura, creada en 2001, y que fijó un impuesto a los depósitos de las entidades de crédito.

El dictamen judicial, publicado en el BOE el pasado noviembre, determinó que Extremadura sí debía poder cobrar el mencionado impuesto, de modo que los bancos acabaron abonando 250 millones de euros a la autonomía.

Tales ingresos, totalmente “inesperados” según fuentes consultadas por este confidencial, permitieron al Ejecutivo de José Antonio Monago contar con un montante de efectivo que posibilitó que fuese la autonomía con el déficit más bajo al cierre de 2012.

El contencioso ha tardado en resolverse prácticamente diez años y medio. La cantidad que debió recaudar la Junta de Extremadura de los bancos en este tiempo es de más de 180 millones de euros, a los que se han sumado casi 70 millones en intereses.

El llamado ‘Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito’ fue diseñado bajo la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura con el objetivo de ‘bloquear’ lo que consideraron una “fuga de ahorros” de la comunidad. El recurso de inconstitucionalidad, hoy rechazado, lo presentó el Gobierno comandado por José María Aznar.

Cuando la sentencia salió a la luz, además de explicar que lo recaudado serviría para “aliviar a la Tesorería autonómica”, el presidente Monago también anunció que parte de lo recaudado –unos 80 millones– se dedicarían a abonar la paga extra de funcionarios y empleados, suprimida por el Gobierno central.

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