Domingo 19/11/2017. Actualizado 01:00h

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Galicia

Francisco Camps y Alberto Núñez Feijóo plantan cara a Génova: no van a aceptar la propuesta del PP nacional de privatizar Canal 9 y TVG

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La propuesta de Génova de modificar la legislación audiovisual existente para que las comunidades autónomas puedan privatizar la gestión de sus televisiones autonómicas no entusiasma al Ejecutivo de Francisco Camps ni al de Alberto Núñez Feijóo. Son los dos únicos dirigentes autonómicos del PP que se resisten a la idea a dejar en manos privadas la gestión de Canal 9 y TVG, respectivamente. El resto de barones y dirigentes regionales transitan por la senda marcada por Génova y se han mostrado a favor de finiquitar el modelo público. La número dos del PP y presidenta de los populares en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, justificó la necesidad de privatizar Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM) en el gasto que supone para las arcas autonómicas. Desde Madrid, Esperanza Aguirre apuesta por subastar Telemadrid; mientras que la iniciativa ha calado en la Junta de Castilla y León. Pero en Valencia y en Galicia, los respectivos gobiernos apelan a las señas de identidad y, en concreto, en la defensa de la lengua autóctona para justificar su negativa a una privatización de sus respectivos entes autonómicos. El debate se ha abierto en la Comunitat Valenciana después de que en unas declaraciones públicas el presidente del Consejo de Administración de RTVV, el 'popular', Emilio Fernández, pidiera la privatización urgente del ente público, a excepción de los servicios informativos. Las palabras de Fernández se producían 48 horas después de que desde la Generalitat, la portavoz Paula Sánchez de León, tratara de zanjar el debate al asegurar que el Ejecutivo apostaba por el modelo público como vía para fomentar el uso del valenciano. Aunque el Consell no comparte la idea de la privatización completa del ente público, es consciente de que hay que "reinventar" el modelo para hacerlo "viable". Un asunto, indicaron que debería pactarse en el ámbito de las Cortes, pero que el Gobierno valenciano tiene previsto plantear en esta legislatura.

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