Lunes 18/12/2017. Actualizado 01:00h

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Madrid

El código ético de Ahora Madrid establece el cese de cualquier investigado por malversación

Carmena mantendrá a Sánchez Mato y Mayer tras la imputación por la Audiencia Provincial

Podemos considera que el auto no estudia el fondo del recurso y que la Fiscalía no está interesada en la causa

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La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso interpuesto por los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Ambos alegaron indefensión por la querella presentada contra ellos por el PP. En junio, no dimitieron ni fueron cesados por la alcaldesa, Manuela Carmena, porque consideraron que no estaban imputados.

Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer.

El código ético de Ahora Madrid, formación a la que pertenecen los tres ediles, establece que un cargo investigado por la Justicia por malversación deberá dimitir automáticamente, o en caso de que no lo haga, ser cesado.

Pues bien. Según ha sabido El Confidencia Digital de fuentes del ayuntamiento de Madrid, ni el concejal de Economía ni la de Cultura piensan dimitir aunque la Audiencia Provincial ha confirmado que están imputados y Carmena no les cesará.

El tribunal ha dictado un auto en el que reitera la condición de investigados de Mato y Mayer por presuntos delitos de prevaricación, malversación y delito societario. Los magistrados aseguran que “es palmaria la impertinencia del requerimiento” de Mato y Mayer.

Éstos alegaron el grupo municipal del PP no tiene personalidad jurídica y por tanto la querella vulneraba la tutela judicial efectiva. Una vez dictado el auto de la AP, no cabe posibilidad de recurso y los concejales deberán comparecer ante el tribunal.

“No entra en el fondo del asunto”

Fuentes de Podemos consultadas por ECD aseguran que Mato y Mayer están disposición de la Justicia para aclarar el caso: “este auto no afecta en absoluto al curso de la querella, puesto que ambos manifestaron desde un primer momento su voluntad de acudir a declarar cuanto antes y las veces que fuese necesario para esclarecer los hechos”, afirman.

Según manifiestan, el tribunal “no ha entrado en el fondo del asunto planteado en el recurso, al considerar que la admisión de la querella ya era firme”. A la vez, alegan que la Fiscalía no ha iniciado acciones procesales “que reflejen intención siquiera de acusar”. Añaden que el Ministerio Público no hizo preguntas a Mato y Mayer cuando acudieron por vez primera a declarar.

Alusión a Villarejo

Las mismas fuentes apuntan a que la causa permanece activa gracias al papel de la asociación Transparencia y Justicia. Se basan en que el auto señala lo siguiente: “la existencia de la presente causa, es independiente de la  presencia en el mismo como parte procesal del Grupo Municipal querellante”.

Para fuentes de Podemos, esta indicación del auto apunta a “que hay otras partes en la querella que la sostienen: la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario Villarejo, se personó y sí tiene personalidad jurídica”.

De “Villarejo, actualmente en prisión, y sus intereses en esta querella deberá responder él mismo”, añaden, relacionando de esta manera al ex policía con la causa.

Open de Tenis de Madrid

En mayo, El País publicaba que Mato y Mayer encargaron sin concurso público previo un informe a un despacho de abogados, elegido “por su discreción”, para analizar la legalidad del convenio del torneo de tenis de Madrid, vigente desde la etapa de Ruiz-Gallardón al frente del consistorio madrileño.

Dicho informe, destinado a denunciar a Gallardón, fue financiado con dinero público, concretamente, con fondos de Madrid Destino, adscrito a la concejalía de Cultura. Los ediles pretendieron destapar un presunto caso de malversación cotejando las facturas del ayuntamiento y las normas del convenio.

Dicho contrato se hizo sin consultar al resto de concejales del ayuntamiento, ni siquiera del grupo municipal Ahora Madrid. El PP se querelló contra Mato y Mayer y exigió su destitución en virtud del código ético de la formación. Los concejales fueron reprobados por todos los grupos, incluido el PSOE, que dio el poder a Carmena en 2015.

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