Esperanza Aguirre y Antonio Camacho entierran el hacha de guerra. El ministerio del Interior ha aceptado ampliar la protección de las sedes de la Comunidad
La necesidad de renovar un convenio de seguridad para Madrid ha obligado a Esperanza Aguirre y Antonio Camacho a enterrar el hacha de guerra y rebajar la tensión existente entre ambos. La actitud del ministro del Interior ante las movilizaciones del 15-M y la conversación telefónica que mantuvieron tras la entrada de dos jóvenes en la residencia de la presidenta regional han quedado olvidadas.
Según ha sabido El Confidencial Autonómico, la Comunidad de Madrid ha conseguido, a última hora, la prórroga para 2012 del convenio que mantiene con el Ministerio del Interior en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas.
Dicho acuerdo implica que 158 guardias civiles seguirán custodiando durante todo el año que viene 16 sedes regionales, y ha supuesto una inversión de 2.475.720 euros.
Las fuentes a las que ha tenido acceso este diario explican que el convenio “implicará la seguridad de las sedes de las Consejerías, así como de otros órganos e instituciones relevantes de la Comunidad de Madrid”.
Además, a través de este acuerdo “se garantiza la adecuada protección de los ciudadanos que acuden a estas mismas instalaciones a realizar todo tipo de gestiones administrativas”.
La Guardia Civil realiza este servicio y presta su labor de seguridad con acreditada dedicación y con destacamentos integrados por oficiales, suboficiales, cabos y guardias en situación de reserva. El servicio presta de forma ininterrumpida desde 1996 en que se suscribió el primer acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior.
