El TC analizará la constitucionalidad de los registros públicos de objetores al aborto. Navarra y Castilla-La Mancha, únicas regiones que publican las listas en el BOE
Una vez aprobada la Ley del Aborto, los médicos contrarios a esta operación quirúrgica crearon, a través de sus órganos colegiados, registros de objetores que han sido publicados en los Boletines Oficiales de las comunidades autónomas de Navarra y Castilla-La Mancha. El pasado mes de julio, La Junta de Castilla-La Mancha hizo públicos, a través del Boletín Oficial de la Comunicad Autónoma, los nombres de todos los médicos que se declaren objetores de conciencia en la práctica del aborto. La iniciativa, muy criticada por los sanitarios, interesó a otros gobiernos regionales, tal y como se adelantó en estas páginas. Sin embargo, la única autonomía que ha seguido los pasos de Castilla-La Mancha hasta la fecha ha sido Navarra. La comunidad foral publicó el 8 de noviembre la Ley 16/2010 por la que se obligaba a la creación de un registro público de profesionales médicos en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. La decisión del Gobierno de Miguel Sanz indignó al Colegio de Médicos de Navarra, que consideró la iniciativa del Ejecutivo regional como "anticonstitucional" al atentar contra el artículo 16.2 de la Carta Magna, que establece que "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias". Las quejas de los profesionales médicos han sido recogidas por el PP de Navarra, que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el TC que el alto tribunal ya ha recibido y aceptado. Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, los 'populares' han solicitado que el recurso se tramite por el Tribunal Constitucional por "vía preferente" y en él han pedido la suspensión cautelar de la ley foral que, a su juicio, "restringe un derecho fundamental", por lo que este recurso "supone la defensa de los libertades de los profesionales y también de todos los ciudadanos". De momento, ningún partido castellano-manchego ha presentado un recurso sobre este registro. Sin embargo, de prosperar el realizado por el PP de Navarra, podía crear jurisprudencia y afectar también a las listas públicas de la Junta.
