Bildu cuela como concejal en Lizarza a un condenado por colaborar con ETA

La coalición de la izquierda abertzale ha nombrado como edil a José María Sarasola Echeverría, que no se presentó a las elecciones

Ayuntamiento de Lizarza (Guipúzcoa).
Ayuntamiento de Lizarza (Guipúzcoa).

La Junta Electoral Central ha nombrado como nuevo concejal de Bildu en el ayuntamiento de Lizarza a una persona que no figuraba en las listas electorales de 2011. La coalición abertzale está utilizando este “agujero” de la Ley Electoral para colocar a destacados miembros de Batasuna y antiguos partidos ilegalizados, pero en este caso se trata de un condenado por colaborar con los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una escisión de ETA.

Después del paréntesis de la legislatura de la popular Regina Otaola (2007-2011) por la ilegalización de las listas de ANV y el anterior del peneuvista Joseba Egibar (2003-2007), la izquierda abertzale recuperó en las elecciones de 2011 el poder municipal en uno de los feudos más sólidos del entorno proetarra: la localidad guipuzcoana de Lizarza.

La candidatura de Bildu-Eusko Alkartasuna/Alternatiba arrasó con el 83% de los votos, lo que le permitió hacerse con los 7 concejales del ayuntamiento. El número uno de la lista, Aitor Aguirre Alkorta, fue investido alcalde.

Sin embargo, hace más de un año Aguirre dimitió y abandonó su acta de edil, dejando el bastón de alcalde en manos de la número dos, María Begoña Balerdi Urdampilleta.

Ahora, Bildu ha aprovechado un mecanismo de la ley electoral para colar en el ayuntamiento a un vecino que ni siquiera se presentó a las elecciones: José María Sarasola Echeverría.

Involucrado en un grupo escindido de ETA en los 70 y 80

Según ha sabido El Confidencial Autonómico, no fue hasta el pasado 15 de noviembre cuando la Junta Electoral Central dispuso que Sarasola ocupara el puesto.

El nombramiento de este nuevo concejal no es un nombramiento rutinario. ECA ha podido constatar que Sarasola Echeverría ha cumplido condena por su relación con la actividad terrorista de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

A pesar de que por su nombre sean poco conocidos, estas células terroristas fueron una escisión de las distintas ramas en que se dividía la banda terrorista ETA en los años 70.

Los Comandos actuaron entre 1976 y 1984; aunque reivindicaban los mismos objetivos básicos que ETA Militar y ETA Político-Militar, se caracterizaban por ser de ideología más anarquista y ácrata. En sus años de actividad llegaron a cometer casi una treintena de asesinatos.

 

Pasaba información para cometer atentados

Una noticia aparecida el 26 de abril de 1980 en el diario ABC informa de la detención de varios sospechosos de terrorismo. Entre ellos figura “José María Sarasola Echeverría, vecino de Lizarza”. Una redada de la Guardia Civil permitió apresar a varios supuestos integrantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA).

Estos detenidos -Sarasola incluido- confesaron haber recabado información que los CAA utilizaron para cometer atentados. También admitieron su participación en dos atracos a sucursales bancarias en Ibarra y en Villabona (en Guipúzcoa); en el asalto e incendio de la Casa del Pueblos socialista de Tolosa; y la colocación de un artefacto que explotó en las oficinas de empleo del Ministerio de Trabajo en esa misma localidad guipuzcoana.

Desde el ayuntamiento de Lizarza confirman a El Confidencial Autonómico los antecedentes penales que el nuevo concejal tiene en su historial. “Ya cumplió condena en su día”, explica una portavoz del consistorio gobernado por Bildu, que también asegura desconocer los motivos por los que el equipo municipal ha escogido a esta persona para suplir la baja de uno de los ediles nombrados tras las elecciones.

Un resquicio de la Ley Electoral

El Confidencial Autonómico ha podido constatar que Sarasola Echeverría no figuraba en la candidatura con la que Bildu concurrió a las elecciones municipales en Lizarza.

Sin embargo, los abertzales han recurrido a un resquicio de la legislación electoral. En concreto, al artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Dicho precepto legal establece que, en caso de que dimita un concejal, y de que todos los candidatos que figuraban en la lista a partir del último elegido renuncien a ocupar su puesto, “las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad”.

Además, es el partido quien puede designar a quien quiera como sustituto. Cabe destacar que, precisamente, esta posibilidad se articuló para que no quedaran vacantes las plazas que algunos concejales de partidos constitucionalistas (PP, PSE, UPN) dejaban al abandonar sus pueblos por la presión de ETA.

Las listas “limpias” de Bildu

ECA ha podido constatar que, desde hace más de un año, Bildu está moviendo sus fichas en los ayuntamientos del País Vasco y de Navarra: sustituye a algunos concejales por personas que no formaban parte de las listas presentadas a las elecciones de 2011.

Varios de estos nuevos ediles son destacados miembros de Batasuna; otros son abogados que defienden a presos de ETA o a imputados en procesos judiciales contra organizaciones satélites de la banda terrorista.

También hay casos en los que candidatos de Herri Batasuna, de Euskal Herritarrok, de Acción Nacionalista Vasca (todos partidos ilegalizados por ser brazos políticos de ETA) está entrando por esta “puerta de atrás” en los ayuntamientos. Sin embargo, no aparecía en las listas de Bildu, que presentó a las elecciones candidaturas “limpias”, no “contaminadas” por estas relaciones tan evidentes con el entorno proetarra.

En Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra

El Confidencial Autonómico contactó con un concejal socialista en un pueblo vizcaíno en el que Bildu ha utilizado esta triquiñuela. En su pueblo, una concejal renunció para que fuera nombrado su primo, un activo militante abertzale y del sindicato LAB.

Esto estaba cocinado, estaba claro que iban a dejar el puesto a este”, asegura el edil del PSE, que explica que este nuevo concejal era una figura relevante para los proetarras del pueblo. “Ellos trabajan al límite y lo van a hacer donde puedan”.

Hasta ahora, Bildu ha utilizado esta estrategia en pueblos como Gordexola, Alonsótegui y Abanto y Ciérvana (Vizcaya), Ibarra (Guipúzcoa) y Galar (Navarra), entre otras localidades.

El Ministerio del Interior, según fuentes consultadas por ECA, tiene constancia de este fenómenos, pero no actúa porque no puede hacer nada: “Se pueden ilegalizar candidaturas, pero no personas que entran después”.

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