Sábado 23/06/2018. Actualizado 01:00h

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Pais Vasco

Creen que el Gobierno oculta algo relacionado con la banda

Covite denuncia que Zoido se niega a recibirlos para tratar la disolución de ETA

El Colectivo pide al Gobierno que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detengan a los pocos etarras que quedan sueltos

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Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, ve imposible que después de todo lo que ha pasado España con esta banda terrorista, no sean capaces de detener a los etarras que quedan en libertad. También culpa al Gobierno de no desmentir las "informaciones falsas" que salieron del cambio de ley penitenciaria en Francia sobre los etarras presos. Cree que el Ejecutivo esconde algo “inconfesable e indigno”. 

Zoido, en su toma de posesión, acompañado de Fernández Díaz y Sáenz de Santamaría. Zoido, en su toma de posesión, acompañado de Fernández Díaz y Sáenz de Santamaría.

El pasado mes de enero el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) se reunió en París con representantes del Ministerio de Justicia francés tras varias informaciones falsas que estaban saliendo en España sobre los etarras presos en Francia. Consuelo Ordoñez, presidenta de Covite, presidió la reunión de la que, tal y como ha explicado a este digital, salió “muy satisfecha”.

Los hechos se remontan a finales de 2017, cuando varios medios vascos difundieron “propaganda basada en falsedades”. Así lo describe la presidenta de Covite. Las publicaciones de los medios vascos, informaban de que el Gobierno francés, en concreto los mediadores entre los presos de ETA, estaban consiguiendo que Francia cambiara su legislación penitenciaria con respecto a los presos etarras. Esto creó una alarma y mucha preocupación.

Tras estas “informaciones falsas” y al enterarse el Gobierno francés de la preocupación de los miembros de Covite, llamaron a Consuelo Ordoñez a que se reuniese con ellos en París para hablar sobre el tema. En la reunión, el Ministerio de Justicia francés dejó claro a Covite y en concreto a su presidenta, que lo único que iban a hacer era aplicar la ley común y que solo habían procedido al acercamiento de presos de ETA si éstos realizaban las solicitudes de forma individual, tal como lo establece la legislación ordinaria, así como a quienes les queden menos de tres años de cumplimiento de pena y no hayan sido condenados por delitos de sangre.  Tampoco se acercaría a aquellos reclusos con condenas o causas pendientes en España.

El Gobierno español no desmintió estas informaciones

Consuelo Ordoñez explica a ECA que la reunión fue “un “éxito” y que a partir de aquel momento censuró a la delegación de Iparralde (la que negocia con el Gobierno francés la situación de los reclusos de la banda)  y al Gobierno Vasco por “orquestar una campaña de falsedades” cuando lo único que había cambiado era “la actitud de los etarras”. Con esta información lo que querían era “presionar” a España para que cambiara su legislación penitenciaria. Desde el 23 de enero no se ha vuelto a leer nada relacionado con el tema.

Esto no lo desmintió nadie. La presidenta de Covite asegura que el Gobierno español no hizo nada tras la polémica de estas falsas informaciones y que el Ejecutivo era “quien tendría que haber ido a esa reunión a desmentirlo”. Con la actitud que tuvo parecía que le “interesaba” que saliesen estas falsas publicaciones. Covite se enteró a los pocos días que toda la información que salía estaba manipulada.

Desde Covite sostienen que ellos no tienen nada que decir acerca de los acercamientos que se produzcan de los etarras, ya que si cumplen la ley están en todo su derecho. “Si no están haciendo una excepción con los etarras, no tenemos nada que decir”.

Lo que tiene legislado España

España siempre ha tenido legisladas sus normas sobre cómo acercar a miembros de bandas de organizaciones criminales o terroristas. En la época de la ‘Vía Nanclares’, la primera fórmula ideada por el Ejército autonómico durante el Gobierno de Zapatero y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), la ley común para los etarras exigía tres requisitos: arrepentimiento, petición de perdón y asumir la responsabilidad civil. Ordoñez explica que fue un fracaso porque en este tiempo se beneficiaron de esta vía 24 presos. Estos preveían el acercamiento a cárceles vascas y el acceso a beneficios penitenciarios si renunciaban explícitamente a la violencia, colaboraban con la Justicia y se desmarcaban de ETA. Todos ellos quedaron en libertad y fueron expulsados de ETA.   

En 2011 el PP ganó con mayoría absoluta. Cuando llegó Mariano Rajoy al Gobierno creó, junto al entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, un nuevo plan de acercamientos. A partir de ahí, los requisitos que impuso el PP para los presos de fue el rechazo a la violencia y la desvinculación de ETA.

Los presos de ETA en Francia

La presidenta de Covite deja claro que no tienen ningún problema con el acercamiento de los presos de ETA mientras que cumplan con la ley penitenciaria. Como pasó con aquellos 24 en la ‘Vía Nanclares’.

Consuelo Ordóñez se ha reunido este martes con el senador conservador francés Max Brisson y el diputado de ‘En Marche!’ Vincent Bru, dos de los miembros de la ‘delegación de Iparralde’. La reunión se ha convocado a raíz del acercamiento de dos presos de ETA en Francia, Julien Mendizabal y Zigor Garro. La presidenta de Covite explica que, tras haber tratado ellos las leyes penitenciarias francesas, no tiene nada que discutir. Ordóñez ve bien el hecho de que estos dos presos hayan sido acercados porque  “han cumplido con los requisitos establecidos por la ley común francesa”.

El rechazo de Zoido

Desde Covite están mucho más satisfechos con el trato que están recibiendo del Gobierno francés que del español. El  Ejecutivo “sabe todo” lo que está pasando. Así lo asegura Consuelo Ordoñez, ya que explica que ha pedido reunirse con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y que no le recibe “porque sabe perfectamente lo que le voy a pedir”. Sostiene, además, que “oculta algo” porque no tiene una “respuesta clara” como la de los franceses.

En este sentido, la presidenta de Covite señala que el Gobierno de España lleva siete años pidiéndole a ETA que se disuelva, cuando los que tienen que disolver a esta banda terrorista son ellos.

Todavía quedan unos 10 etarras sueltos y, según Ordóñez, el Gobierno sabe perfectamente donde están y que además consienten que se estén dedicando a limpiar “las armas con las que han matado”.

La solución que dan desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detengan a los pocos que quedan de ETA. Es la disolución que exigen “como víctimas y ciudadanos”.

Consuelo Ordóñez termina explicando a este digital que ve imposible que después de todo lo que ha pasado España con esta banda terrorista, no sean capaces de detener a los etarras que están todavía sueltos. Asegura, además, que el Gobierno lo hace por algo “inconfesable e indigno” porque sino “ya lo habríamos visto”. Por eso se quiere reunir con Juan Ignacio Zoido, “para preguntarle por qué no dan la orden desde el Gobierno de disolver a ETA de una vez por todas”.

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