La última causa abierta contra Egunkaria se traslada a la Audiencia Provincial de San Sebastián. Los abogados ya tienen perfilada la defensa para el juicio contra los supuestos delitos fiscales

El pasado mes de abril, la Audiencia Nacional absolvió a los cinco acusados del 'caso Egunkaria' por la presunta vinculación del periódico a la banda terrorista ETA. Sin embargo, directivos del diario aún tienen una causa abierta contra la justicia por posibles delitos fiscales. Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, la segunda pieza judicial contra Egunkaria es un proceso penal totalmente distinto al que juzgaba la hipotética relación de la publicación con ETA. No obstante, algunos de los acusados en la primera operación contra el periódico - como Joanmari Torrealdi, Txema Auzmendi, o Iñaki Uria- están también procesados en esta ocasión. La causa contra Egunkaria por presuntos delitos fiscales estaba en manos de la Audiencia Nacional, pero el mismo organismo ha decidido trasladarla a la Audiencia Provincial de San Sebastián. No obstante, la transferencia física del caso (el envío de informes, archivos, etc.) aun no se ha producido. A la espera de la reapertura del caso, los abogados de los directivos del periódico están ultimando la estrategia de la defensa. Voces autorizadas de la antigua dirección de Egunkaria recuerdan a este confidencial que "esta causa existe por la supuesta vinculación del diario a ETA. Después de la sentencia absolutoria de la primera pieza judicial, esta conexión ya no existe", por lo que será uno de los argumentos durante el juicio. No obstante, los abogados se centrarán en presentar pruebas que reflejen la inexistencia de delitos fiscales: "nos basaremos en demostrar que no existe el delito económico del que se acusa a los directivos de Egunkaria". Fuera de este proceso se encuentra el director del periódico antes de su cierre en 2003, Martxelo Otamendo. Fuentes muy próximas al actual directivo de Berria aseguran a ECA que la Audiencia Nacional aún no se ha puesto en contacto con sus abogados para abordar el pago de la indemnización que el Estado debe hacer al periódico por los costes del juicio.

 

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