Sábado 21/10/2017. Actualizado 13:59h

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Pais Vasco

Los detalles del código ético para altos cargos del Gobierno Vasco: Devolverán los regalos que “excedan la cortesía” y tendrán prohibido acudir a viajes no oficiales y cobrar por dar charlas

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Más de 240 altos cargos del Ejecutivo del País Vasco tendrán que adherirse al nuevo código ético que ha diseñado el departamento de Administración Pública y Justicia. Las indicaciones pasan por la prohibición de aceptar regalos o evitar las actividades que puedan interferir con el interés público, entre otras. Las sanciones por incumplimiento van desde el cese fulminante al traslado del caso concreto a la Fiscalía.

“La no adhesión a este código ético en un plazo no superior a 15 días desde la publicación en Boletín Oficial, conllevará el inmediato cese del cargo público”. Con esta indicación el Gobierno Vasco advierte a 240 de sus miembros, incluidos el lehendakari y sus consejeros, de la necesidad de que se comprometan con el nuevo código ético que han presentado esta semana.

Según ha podido saber El Confidencial Autonómico de fuentes del departamento de Administración Pública y Justicia vasco, el manual de ‘buenas prácticas’ –de 26 folios– se aplicará a los altos cargos y el personal eventual, así como los directivos de empresas públicas.

El primer paso en la redacción de este código, según fuentes gubernamentales, lo dio el gabinete del actual presidente, Íñigo Urkullu, hace seis meses. La primera vez que empezó a hablarse de un código ético fue por tanto a finales de 2012 y se prevé que esté listo en cuanto se acaben de corregir "pequeñas erratas" del primer borrador, dicen sus redactores.

¿Qué puede pasar en el caso de que se incumplan esos estándares mínimos de conducta? La única alternativa es la dimisión, si bien el propio organismo puede proponer un cese inmediato o acudir “incluso a la Fiscalía” ante los casos “más graves”.

Las obligaciones del código ético

Éstos son algunos de los compromisos que recoge el código ético, que comienza con el compromiso de que los firmantes ejercerán sus funciones “con dedicación plena y exclusiva”:

--No se aceptará ningún “trato de favor”, entendido como la concesión de un privilegio o ventaja injustificada “por parte de terceros”

--No se puede hacer uso de las prerrogativas derivadas del cargo para “agilizar procedimientos, exonerar cargas u otorgar beneficios” a sí mismos o terceras personas o entidades

--Tendrán que ser devueltos los regalos recibidos “que excedan la cortesía”; lo mismo sucede con las donaciones. Si no se pudiera hacer efectivo ese reintegro, serán entregados “a los servicios sociales” o, en última instancia, incorporados “al patrimonio de la comunidad autónoma”

--Deberán evitar que el círculo familiar inmediato reciba “regalos o beneficios” que puedan ser considerados de “trato favorable”

--Queda prohibido aceptar viajes “que no entren dentro de sus estrictas funciones públicas”; incluye billetes desplazamiento, hotel y manutención

--No se cobrará por participar en charlas, conferencias o actividades, como tertulias o debates; sólo si se puede acreditar que son “ajenas al desempeño del cargo público”

--Los firmantes tendrán que informar inmediatamente si se ven ante un conflicto “entre sus intereses y el interés público”: en ese caso, transferirá sus responsabilidades a su inmediato superior

--Es causa de cese inmediato los datos falsos o mentiras sobre el currículum profesional

Tal y como precisan desde el departamento encargado de redactar el texto, el documento se podrá “modificar, adaptar o corregir” en función de las recomendaciones y propuestas que puedan irse aportando en los próximos días.

En breve se creará el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de estas reglas, llamado ‘comisión de ética pública’ y que dependerá del departamento de Administración Pública y Justicia. Contará con 5 miembros, dos de los cuales serán elegidos por su “experiencia y prestigio en el ámbito de la ética y la alta dirección ejecutiva”.

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