España ya fue obligada a anular las “vacaciones fiscales” de Ardanza

El Gobierno deberá demostrar ante la Comisión Europea que el Cupo vasco no es una “ayuda de Estado ilegal”

Ciudadanos y Compromís van a exigir en Bruselas que se investigue si provoca competencia desleal con el resto de territorios de Europa

Mariano Rajoy recibe a Íñigo Urkullu en el Palacio de la Moncloa.
Mariano Rajoy recibe a Íñigo Urkullu en el Palacio de la Moncloa.

Europa va camino de poner de nuevo a España bajo su lupa por la presunta concesión de ayudas de Estado ilegales. Ciudadanos y Compromís van a reclamar a la Comisión que se pronuncie sobre el Cupo vasco. El Gobierno ya trabaja en la respuesta. Da por hecho que tendrá que dar explicaciones en Bruselas antes de final de año.

La pluralidad parlamentaria, surgida tras el fin del bipartidismo en España, ha abierto la caja de los truenos sobre el modelo vasco de financiación.

Es la primera vez que se abre una brecha en el Congreso de los Diputados respecto a este asunto. Una excepcionalidad fijada en la Constitución que Ciudadanos y Compromís acatan porque no pueden cambiarla, pero cuyo mecanismo critican porque no admite discusión en sede parlamentaria.

Se produce, además, en un momento en el que el resto de autonomías tienen pendiente consensuar un nuevo modelo de financiación que alivie sus problemas financieros. La mayoría de ellas están gobernadas ahora por el PSOE.

Pero también entre los barones del PP hay malestar. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha sido especialmente crítico con lo sucedido. “Ha faltado claridad e información” , ha asegurado este lunes en una entrevista en Onda Cero. “Hay que dar más explicaciones porque el sistema de financiación afecta a todos los españoles”.

Demostrar que no es una ayuda de Estado ilegal

Pues bien. Días después de su aprobación en el Congreso, con los votos de PP y PSOE, la singularidad del Cupo vasco está a punto de desencadenar unainvestigación de la Comisión Europea a España.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los movimientos, varios eurodiputados españoles, en concreto de Ciudadanos y Compromís, han puesto en alerta al equipo del comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, para que aclare si el Cupo vasco puede constituir una “ayuda de Estado ilegal”.

La normativa europea en materia de Ayudas de Estado, recogida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, impide que los Estados miembros puedan conceder ayudas a las empresas, incluyéndose las medidas de carácter fiscal, que les permitan situarse en una situación ventajosa respecto a sus competidores.

Afecta a directrices establecidas por el Estado que mejoren la posición competitiva de las empresas de un territorio, frente a otras con las que compite.

En este caso, se aplicaría a las compañías instaladas en Euskadi con respecto a otras en el mercado español y europeo. C's y Compromís reclaman que debe determinarse si el Cupo vasco provoca competencia desleal.

 

No se ha pasado por alto que, solo unas horas después de su aprobación, el Ejecutivo de Urkullu anunció una rebaja del Impuesto de Sociedades. Ciudadanos y Compromís consideran que las consecuencias de una reducción impositiva no pueden verse compensadas por ayudas procedentes del Gobierno central.

Han advertido también a las autoridades comunitarias de que, aunque se calcula, en principio, a partir de criterios técnicos, su fijación resulta de “negociaciones esencialmente políticas” entre Madrid y Vitoria.

El Gobierno defenderá que aplica la Constitución

Fuentes del Gobierno a las que ha tenido acceso ECD, admiten la existencia de estas maniobras de Ciudadanos y Compromís en Bruselas. Reconocen en privado su inquietud pero confían en el presidente. Rajoy va a defender ante sus socios europeos que el concierto económico vasco es el marco que regula las relaciones financieras entre Euskadi y el Estado Central.

Argumentará que es la Constitución Española de 1978 la que reconoce esta singularidad de los dos territorios forales: el Cupo vasco y el Concierto navarro.

No obstante, expertos en financiación autonómica recuerdan al Ejecutivo que es una excepción en el panorama internacional. “Si se quiere, las reglas se pueden cambiar en el futuro. Pero en este momento son las que hay”, responden en Moncloa.

El Cupo es la cantidad que el País Vasco tiene que pagar cada año al Estado por los servicios que este presta en su territorio por las competencias no transferidas en virtud del Concierto económico. Es decir, por las embajadas en el exterior, por los museos nacionales, la política de defensa o los intereses de la deuda, entre otros gastos.

El precedente de las “vacaciones fiscales” de Ardanza

El Cupo vasco no va a ser la primera disputa entre las autoridades de Euskadi y la Comisión Europea.

En los años noventa, con José Antonio Ardanza como lehendakari, el motivo del conflicto fueron las llamadas “vacaciones fiscales”. Se trataba de deducciones y exenciones con las que el País Vasco buscaba atraer a empresas a su territorio y que Bruselas consideró entonces “ayudas de Estado ilegales”.

Eran unas medidas de incentivo económico que eximían del Impuesto sobre Sociedades durante los diez primeros años a las empresas que se constituyeran en Euskadi entre 1993 y 1994. Debían invertir más de 480.810 euros y crear 10 empleos. Se complementó con un crédito fiscal del 45% del importe de determinadas inversiones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) obligó a España en 2008 a anular las “vacaciones fiscales” y le impuso una multa de 30 millones de euros por no haber adoptado todas las medidas necesarias para recuperar a tiempo las ayudas concedidas irregularmente.

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