Domingo 20/08/2017. Actualizado 01:00h

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Andalucía

La Junta de Andalucía, ‘sospechosa’ de cometer irregularidades en las ayudas al alquiler. El Defensor del Pueblo invita a Griñán a revisar las 5.000 viviendas vacías que tienen en propiedad

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Un reciente dictamen del Defensor del Pueblo de Andalucía ha instado a la consejería de Fomento y Vivienda a que inicie una "investigación interna" para dirimir responsabilidades ante las "irregularidades" que han detectado en la concesión de ayudas al alquiler en 2012. También ha aconsejado al Ejecutivo presidido por José Antonio Griñán que esté atento a las 5.000 viviendas que forman parte de su parque inmobiliario y que están desocupadas.

“El servicio de inspección de la consejería [de Fomento y Vivienda] debería hacer una investigación interna para determinar si, en la tramitación de las ayudas, se ha respetado el riguroso orden de antigüedad”. Éste es el consejo que ha trasladado a la Junta de Andalucía sobre las ayudas al alquiler otorgadas en 2012 un informe elaborado por el Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso El Confidencial Autonómico.

“En el supuesto de que se hayan producido irregularidades”, continúa el texto, y “con independencia de exigir las responsabilidades a que haya lugar”, el Defensor del Pueblo aconseja que se adopten medidas “para que no vuelva a ocurrir” y para “valorar la objetividad en su tramitación”.

Las pesquisas de la oficina de José Chamizo sobre las subvenciones para el alquiler de viviendas en Andalucía toman como punto de partida “decenas de quejas” por retrasos en los pagos y el ‘silencio administrativo’ que han padecido “durante meses, a veces años” sus beneficiarios. También se critica la “información errática” que han facilitado en ocasiones en las distintas oficinas de la consejería.

El parque de domicilios vacíos en Andalucía, que la Junta cifra en 640.000 en total, también preocupa al Defensor del Pueblo. Según fuentes parlamentarias, hay unas 80.000 viviendas en la Comunidad que están sometidas a “algún régimen de protección pública u oficial” y, de ellas, unas 5.000 están desocupadas.

Éstas y otras conclusiones sobre urbanismo y obras públicas pueden consultarse pormenorizadamente en este documento, con datos e indicaciones correspondientes al año 2012.

Fuentes parlamentarias recuerdan que la semana pasada el Parlamento andaluz aprobó el decreto ley de la función social de la vivienda, un documento que quiere servir de ‘hoja de ruta’ en esa materia y que sólo contó con los votos en contra los ‘populares’.

“Somos
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