Sábado 23/09/2017. Actualizado 01:00h

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Andalucía

Un ex cargo de la Junta exige su reincorporación después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara su cese

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Ignacio Trillo, economista y funcionario de carrera en dos Cuerpos de la administración autónoma por sendas oposiciones aprobadas en la primera oferta pública de empleo que tuvo lugar en nuestra Comunidad Autónoma, que además fuera delegado provincial de medio ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, y antes en Sevilla, director general en la consejería de Agricultura y Pesca, ha solicitado de nuevo por escrito que ha registró el jueves, 23 de julio, en las dependencias de la Junta de Andalucía en Málaga, su reincorporación inmediata al puesto de trabajo del que fue cesado en enero del año 2011.

El afectado ha trasladado de nuevo a la Junta de Andalucía el estricto cumplimiento del fallo judicial contenido en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7, en los autos nº 167/2011, confirmada en apelación por la Sala del T.S.J.A., en cuya virtud se condena a la administración autónoma a que “se reponga al actor en el puesto del que fue indebidamente cesado, con abono de las diferencia entre las retribuciones percibidas y la que debió percibir de haber permanecido en el puesto, con sus intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda”, así como al pago de las costas causadas en el recurso de apelación.

Asimismo, Ignacio Trillo prosigue en el citado escrito: “Tras  constatar que han resultados inútiles los cuatro requerimientos que -por mi propia persona (con fecha de 25 de noviembre de 1994, nº de registro de entrada 909/51585)  por mi defensa jurídica y en dos ocasiones por el propio órgano judicial-  han sido  efectuados a la Junta de Andalucía desde que hace nueve meses se dictó la sentencia  por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que, confirmando la dictada en la instancia,  declaraba nulo el cese en su puesto de funcionario acontecido en enero del año 2011, y donde se instaba a mi reincorporación inmediata al puesto de trabajo por el que fui ilegalmente cesado, con derechos, efectos económicos y compensaciones retroactivas desde el instante en que se produjo mi destitución”.

En ese mismo escrito dirigido por Ignacio Trillo a la dirección del SAE, ha puesto en conocimiento de la administración de empleo autonómico que su defensa jurídica ha solicitado del juzgado de Málaga que enjuició el caso, en escrito presentado el pasado viernes diecisiete de julio, que en aras a la ejecución de sentencia ante la demora inexplicable e inexplicada que está sufriendo, exija a la Junta de Andalucía su participación para que sean identificados los responsables del incumplimiento sobre lo dictado, de cara a que recaiga sobre ellos, con posible deducción de testimonios por la comisión de delitos contra la Administración de Justicia en que pudieran estar incurriendo.

Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que procedan por el perjuicio que con esta conducta, rebelde al cumplimiento, se está causando el erario autonómico, pues no se olvide que mientras el tiempo sigue pasando y se persiste con esta injustificable conducta, aumenta considerablemente el importe de las diferencias retributivas que tendrán que ser satisfechas, con el efecto devastador que se está causando a la tesorería pública por la injustificable inacción de los responsables de esta órgano.

Ignacio Trillo comunica además, en el escrito registrado hoy en la Junta de Andalucía, que en el ruego dirigido por su defensa jurídica, el pasado viernes, 17 de julio, al juzgado de lo Contencioso Administrativo, número siete, “se hace constar que los responsables de hacer ejecutar esta sentencia en la Junta de Andalucía, ni siquiera se han dignado a contestar o explicar las razones por las que desoyen los requerimientos judiciales y no dan cumplimiento al fallo, máxime tratándose de la obligada reincorporación a mi puesto de trabajo en una plaza de funcionario, cuya negativa o dejación de funciones para el no cumplimiento de la orden judicial viene ocasionándome graves daños y perjuicios, a añadir a los que acumulo en la carrera administrativa desde que fui cesado indebidamente, hace ya más de cuatro años y medio, por autoridad incompetente, de mi puesto de funcionario que ejercía, en concreto en la plaza de director del Área Territorial de Empleo de Málaga capital, por autoridad incompetente”.

Tampoco debe caer en olvido, recuerda Ignacio Trillo, que la sentencia que se resiste a cumplir la Junta de Andalucía no solo le obliga a reincorporarlo y abonarle las antedichas diferencias retributivas, sino que además, y como expresamente lo solicitó, la justicia revocó el nombramiento de la funcionaria que lo sustituyó, de suerte que los actos dictados por la dirección del Área Territorial de Empleo de Málaga capital, podrían estar viciados desde su cese del puesto de trabajo por nulidad absoluta, por lo que le cabría ejercitar otras acciones judiciales, incluidas las penales, porque procederían

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