Martes 26/09/2017. Actualizado 01:00h

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El PP andaluz no sabe qué hacer con José Luis Sanz si es imputado

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El candidato frustrado a presidir la organización regional será investigado por el Supremo por un caso de presuntas contrataciones irregulares en Tomares, donde es alcalde

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La juez que investiga el ‘Caso Tomares’ ha remitido la causa al Tribunal Supremo para que investigue los posibles indicios de malversación de caudales públicos y prevaricación contra José Luis Sanz, que por su condición de senador está aforado al TS. Este caso de presuntas irregularidades en el ayuntamiento sevillano de Tomares, del que es alcalde, ha puesto a Sanz en una situación complicada dentro del partido que hace meses aspiró a dirigir.

De izquierda a derecha, Juan Ignacio Zoido, Juan Manuel Moreno y José Luis Sanz. De izquierda a derecha, Juan Ignacio Zoido, Juan Manuel Moreno y José Luis Sanz.

El senador del PP y actual alcalde de Tomares José Luis Sanz se ha convertido, en tiempo récord, de ser la referencia de futuro para el PP andaluz a un “apestado” en el seno del principal partido de la oposición en la comunidad autónoma.

Sanz, llamado a sustituir a Juan Ignacio Zoido al frente del PP de Andalucía y descabalgado in extremis de la presidencia del partido por Juan Manuel Moreno Bonilla, tendrá que comparecer ante el Tribunal Supremo para responder por su supuesta responsabilidad en el ‘Caso Tomares’.

Una juez investiga la contratación irregular del actual concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, para la elaboración de informes por los que cobró 2.000 euros al mes durante dos años. Campos figuraba en la lista del PP a las elecciones municipales pero no resultó elegido.

Según denuncia la oposición, los informes por los que cobró y que ahora están siendo investigados no son tales. “Existen informes de dos o tres líneas cada uno, elaborados a posteriori, para justificar los gastos” afirman concejales de la oposición al gobierno municipal del PP.

Tensiones dentro del PP andaluz: apoyar o no a Sanz

Fuentes de la dirección de los populares andaluces consultadas por El Confidencial Autonómico reconocen que “el ‘Caso Tomares’ es una patata caliente que llega en el peor momento, en la recta final de la campaña electoral al Parlamento Europeo”.

Cuando trascendió la investigación judicial sobre José Luis Sanz, el entonces presidente del PP de Andalucía Juan Ignacio Zoido no dudó en apoyar a su ‘número dos’ porque por el momento no había más que “una simple denuncia política”.

Sin embargo, la nueva dirección del Partido Popular andaluz elegida en el último congreso regional considera que la previsible imputación de Sanz es un problema que perjudica la imagen del partido.

Esos sí, en el partido no se ha tomado -“de momento”, remarcan las fuentes consultadas por ECA- ninguna decisión sobre el futuro del alcalde. Aunque el PP de Tomares va a recurrir el auto judicial, y en público los dirigentes populares andaluces muestran su apoyo al alcalde, lo cierto es que en la dirección que comanda Juan Manuel Moreno Bonilla no saben aún qué hacer con José Luis Sanz.

Además, en el PP-A reconocen que internamente existen “tensiones” porque algunos dirigentes apuestan por obligar a José Luis Sanz a renunciar a su acta de senador y a la alcaldía de Tomares.

Varios concejales de Tomares ya están imputados

La juez que investiga el ‘Caso Tomares’ ha remitido la causa al Tribunal Supremo para que investigue los posibles indicios de malversación de caudales públicos y prevaricación contra Jose Luis Sanz, dada su condición de aforado al ser en la actualidad senador popular.

Buena parte de su equipo de gobierno se encuentra imputado en la causa: el concejal de Presidencia y secretario provincial del PP de Sevilla, Eloy Carmona; el delegado de Medio Ambiente, Juan Campos; la edil de Urbanismo, Pilar Domínguez; y la delegada de Cultura, Mercedes Fuentes.

En el auto de inhibición en favor del Supremo, la titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Sevilla, Reyes Flores, recuerda que el alcalde firmó en octubre de 2007 un contrato menor “de consultoría y asistencia” para la “inspección de los servicios de limpieza y supervisión de los trabajos propios del área de vías y obras” que llevaba aparejada una serie de retribuciones fijas y extraordinarias. El contrato se firmó por un año, sin estipularse renovación, si bien Juan Campos siguió facturando en los años 2008 y 2009.

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