Viernes 20/10/2017. Actualizado 01:00h

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Cataluña

Denuncian falsedades sobre el autogobierno y la discriminación lingüística

Nacionalistas presionan a The Economist por sus informaciones sobre Cataluña

La Plataforma per la Llengua ha enviado una carta al rotativo británico para que matice determinadas “inexactitudes” que difundió en un artículo la semana pasada

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La Plataforma per la Llengua ha enviado una carta al rotativo británico The Economist para que matice determinadas “inexactitudes” en un artículo que publicó la semana pasada sobre el autogobierno y la discriminación lingüística en Cataluña.

Portada de The Economist sobre el conflicto en Cataluña. Portada de The Economist sobre el conflicto en Cataluña.

El artículo tenía como título “Catalonia’s unconstitutional means to an undesirable end” (Los medios anticonstitucionales de Cataluña para un final indeseado). Y en él se trataba de explicar todo lo ocurrido en Cataluña, a raíz del referéndum independentista del 1 de octubre.

Uno de los temas candentes que trata el artículo es el autogobierno de Cataluña, que considera como uno de los territorios de Europa que más lo disfrutan. Y esa afirmación  no ha sentado bien en el seno de la Plataforma per la Llengua.

Según la entidad nacionalista,  dicha afirmación “no tiene fundamentos”, ya las leyes básicas del Congreso de los diputados para “armonizar” la legislación en todo el Estado “dejan poco espacio para el autogobierno”.

Ya que “impiden que Cataluña legisle sobre temas importantes” y, además, “suelen ser muy detalladas” por lo que “limitan la capacidad legislativa del Parlamento”.

Además, la Plataforma per la Llengua ha remarcado que el castellano es la “única lengua oficial en el plano estatal y la única de conocimiento obligado para todos”, y que los hablantes de catalán a menudo se encuentran “desprotegidos lingüísticamente” en las relaciones con la administración del Estado.

Finalmente, la Plataforma per la Llengua ha explicado a The Economist que cada año se registran “numerosos casos de discriminación de ciudadanos catalanohablantes por motivos lingüísticos, por parte de los cuerpos estatales”. Vejaciones que, a menudo, se producen además en un “clima de impunidad”.

En este sentido, la entidad nacionalista ha recomendado al periódico tener en cuenta su informe de discriminaciones lingüísticas de 2017 y le ha recordado la situación “especialmente difícil” que vive el catalán en la justicia como consecuencia del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder judicial, que no garantiza el derecho de tener un procedimiento judicial en otra lengua “que no sea el español”.

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