Lunes 23/10/2017. Actualizado 01:00h

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Comunidad Valenciana

Por las últimas decisiones de Vicent Marzà (Compromís)

Ofensiva judicial del PP valenciano contra la Consejería de Educación

Tras recurrir la alternativa propuesta a la reválida del ministerio, estudia acciones contra la imposición de la lengua cooficial y la retirada de becas en universidades privadas

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La Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana ha aprobado una resolución sobre la evaluación externa en los centros, que la plantea como optativa. Al PP le parece un grave ataque al estado de derecho, y no descarta nuevas demandas judiciales por la enseñanza concertada o la imposición del valenciano.

Vicent Marzà, conseller de Educación del Gobierno de Valencia. Vicent Marzà, consejero de Educación de la Generalitat Valenciana.

“Estamos cansados de una suma de despropósitos y anuncios vacíos que sólo generan caos en los centros, y no se puede tolerar la insumisión a una ley orgánica como pretende el consejero Vicent Marzà, al pretender que los centros de enseñanza hagan optativamente la prueba especifica de evaluación final de etapa y no se respeta que sea una prueba externa”, han manifestado a El Confidencial Autonómico fuentes del PP valenciano.

Para el PP, “no cumplir una ley orgánica como la Ley Orgánica de Mejora y Calidad en la Educación (LOMCE) supone insumisión y un grave ataque al estado de derecho, sentando un peligroso precedente”. Además, aseguran que el propio Marzà le aseguró al ministro de Educación que se aplicarían las reválidas: lo hizo en la reunión que Marzà e Íñigo Méndez de Vigo mantuvieron ya en agosato de 2015.

“Este gobierno a la valenciana ha adoptado una actitud prevaricadora e irresponsable, cuyas consecuencias las acaban pagando las familias, porque se les impone un modelo radical donde nadie escucha su opinión, los alumnos van a verse perjudicados por no recibir una educación completa y se somete al profesorado a una situación de incertidumbre e inseguridad”, han expresado las mencionadas fuentes.

Recurso a los tribunales para frenar a Marzà

La portavoz popular de Educación en las Cortes Valencianas, Beatriz Gascó, asegura a ECA que “sólo los tribunales pueden para la insumisión en materia educativa del gobierno valenciano”.

De ahí que en el PP no descarten nuevas demandas ante los tribunales contra la Consejería de Educación que dirige Vicent Marzá, por otras decisiones tomadas por el gobierno valenciano en los últimos tiempos.

Es el caso de la retirada de la concesión de becas a alumnos de universidades privadas. Gascó destaca que es el único gobierno autonómico que ha tomado esta decisión, ningún otro ejecutivo de PSOE y Podemos ha hecho algo similar.

Ahora mismo los servicios jurídicos del PP están estudiando las vías legales para recurrir los planes para excluir a los alumnos de centros privados de las becas públicas.

Además, los populares están pendientes de que la Consejería de Educación apruebe el proyecto para extender, “imponer” el valenciano en los colegios de la Comunidad. Una vez que se conozca el texto concreto, también estudiarán las posibilidades de llevarlo ante los tribunales “si se confirma que no cumple el bilingüismo”.

Mediocridad”, alumnos menos competitivos...

Sobre la idea de sortear las reválidas que diseñó el Ministerio de Educación, en el PP consideran que la estrategia de insumisión de Vicent Marzà conduce “a la mediocridad en la enseñanza pública, al renunciar a las evaluaciones externas, que son un sistema de mejorar la enseñanza y un estímulo para los centros”.

Subrayan que, sin estándares mínimos, cada alumno tendrá un nivel diferente, no habrá base para comparar, y de ese modo “la consejería no podrá adoptar medidas de mejora y dotar de recursos adicionales a aquellos centros que lo requieran”.

“Lo que pretende Marzà supone una clara desventaja para los alumnos valencianos, con un alumnado menos preparado y menos competitivo, que será víctima de Puig y Oltra por fines partidistas”, han señalado a ECA.

Todas estas decisiones polémicas, según las fuentes del PP consultadas, tienen como objetivo “desconcertar” a los ciudadanos, a padres y alumnos, para perjudicar en muchos casos a quienes quieren cursos sus estudios en la educación concertada.

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