Sábado 21/10/2017. Actualizado 01:00h

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Comunidad Valenciana

La instrucción se ha prolongado hasta julio de 2017

El almacén de gas Castor sobrepasa al juzgado de Vinaroz que instruye el caso

Ya han pasado tres jueces en un año. Las diligencias superan los 13.000 folios y el sustituto que se ha hecho cargo tiene también otros asuntos

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La Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia demanda que la instrucción del almacén subterráneo frente a la costa de Vinaroz (Castellón) se dote del personal necesario para que no se alargue, ya que ha sido declarado como “causa compleja” y se ha prolongado hasta julio de 2017 la instrucción.

Alberto Fabra, José Manuel Soria y José Manuel García-Margallo, en la plataforma Castor. Alberto Fabra, José Manuel Soria y José Manuel García-Margallo, en la plataforma Castor.

Tras la denuncia de la Fiscalía de Castellón contra el almacén subterráneo de gas Castor, a 22 kilómetros de la costa de Vinaroz, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Vinaroz abrió la instrucción hace un año, estando al frente la juez sustituta Carmen Ballesteros.

Se investigan presuntas irregularidades en la concesión y explotación del almacén de gas, por posible delito de prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y recursos naturales, por no haber evaluado el riesgo sísmico.

Desde que en octubre pasado empezaron a declarar los 18 imputados, sólo faltan dos por declarar y que se encuentran en paradero desconocido.

Los imputados son altos cargos de los Ministerios de Medio Ambiente e Industria del Gobierno de Zapatero, cargos y técnicos del Instituto Geológico y Minero, así como todos los componentes del Consejo de Administración de Escal UGS, empresa adjudicataria de la que ACS (Florentino Pérez) posee el 66% de la propiedad. Florentino Pérez no está imputado, pero sí el presidente de su filial Escal, Recaredo del Potro.

El juez instructor actual estima que los delitos investigados exigirá la “realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, por lo que se ha elevado el plazo máximo de instrucción de esta causa compleja de 6 a 18 meses”, según han expresado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

13.000 folios, 3 jueces en 1 año

“Los tres jueces que se han hecho cargo del Castor han desempeñado con gran esfuerzo su tarea, pero precisamente porque se ha declarado caso complejo reclamamos que se dote del personal judicial necesario para instruir este caso, que tiene muchos puntos oscuros”, exponen a El Confidencial Autonómico desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia.

Como señalan desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia, “es evidente que es un caso muy complejo, que le toca como un asunto más al juez de turno, y no es un asunto más, sino muy grave y complejo, en el que hay que aclarar también el sobrecoste triplicado en la construcción del Castor, así como la dudosa legalidad de que se haya abonado ya a Escal 1.350 millones por devolver la licencia estando abierta una causa por negligencia en los estudios sísmicos”.

Se hizo cargo una juez sustituta, luego Víctor Capilla –juez por oposición, que contó con la ayuda de la juez sustituta Carmen Ballesteros para el caso Castor-, y desde hace unas semanas se ha encomendado a otro juez sustituto, Isael Plá. Capilla se ha trasladado a Onteniente (Valencia), y está vacante esa plaza de juez en Vinaroz, “que tal vez tarde en cubrirse, porque es lógico que asuste ocupar esa plaza ahora con el caso Castor encima”, afirman fuentes próximas al proceso.

En estos momentos la instrucción supera los 13.000 folios, en un “juzgado bastante cargado de trabajo ya con los asuntos ordinarios, por lo que es fácil deducir el esfuerzo casi sobrehumano para el juez de turno, mientras mantener hibernado el almacén cuesta 100 millones de euros al año”, afirman desde la Plataforma, que recuerdan las numerosas voces que reclamaron que el almacén se cerrara, no se hibernara.

El Observatorio del Ebro ya mencionó riesgos sísmicos en la zona en 2005, “y el hecho de que los más de 500 seísmos se produjeran funcionando el Castor evidencia una relación causa-efecto, no se debe alargar judicialmente lo que está plagado de negligencias y puntos oscuros”, afirman a este digital.

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