Lunes 16/07/2018. Actualizado 01:00h

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Comunidad Valenciana

Desde la llegada de los inmigrantes este domingo

Ayuntamientos valencianos confirman el aumento de quejas de ciudadanos tras la llegada del “Aquarius”

La renta básica de la comunidad concede a los refugiados 532 euros, mientras que los españoles mayores de 55 años con incapacidad total permanente reciben 420 euros

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El destino de los inmigrantes del barco “Aquarius”, que llegó el domingo a Valencia junto con dos barcos italianos, es incierto. Sin embargo, los que se queden en la Comunidad Valenciana con el reconocimiento de “refugiados” cobrarán 532 euros mensuales, que pueden llegar a ser hasta 1.101 euros en ciertas circunstancias, de acuerdo con la recién aprobada ley de Renta Valenciana de Inclusión.


Asistencia a los refugiados del barco Aquarius. Asistencia a los refugiados del barco Aquarius. SOS MEDITERRANEE

La solidaridad con los inmigrantes llegados en barco se manifiesta en tierras valencianas, pero en estos días es inevitable la “comparación” con lo que se les puede otorgar y lo que muchos españoles que han cotizado durante muchos años perciben mensualmente, como es el caso de los que tienen reconocida la incapacidad permanente total (incapacidad para ejercer la profesión habitual).

Desde los servicios sociales de los ayuntamientos valencianos, han confirmado a El Confidencial Autonómico que las consultas y quejas de ciudadanos españoles han aumentado estos días, “al comparar lo que ellos perciben, lo que pueden percibir los refugiados – en concreto, aquellos que vean reconocida esta situación tras llegar con el “Aquarius” -, ya que por ejemplo la pensión por incapacidad permanente total para mayores de 55 años, y que llevan toda su vida o buena parte cotizando, es de 420 euros”.

También han confirmado a este digital diversos bufetes de abogados que las “consultas han aumentado en estos días, al difundirse algunas noticias y datos”.

Renta Valenciana de Inclusión

La ley 18/2017 de Renta Valenciana de Inclusión entró en vigor el pasado mes de abril, y ya ha generado muchas consultas. Aumenta el importe de las ayudas que se concedía mediante la Renta garantizada de ciudadanía, flexibiliza requisitos para acceder, aumenta el riesgo de cobertura, concede becas escolares de diverso tipo, y desde el Gobierno valenciano se ha calificado como prioritaria esta ley, para “rescatar a todas las personas y que tenga una vida digna”.

 Puede beneficiarse  de la ley valenciana cualquier persona que cuente con el informe favorable de los servicios sociales. Contempla cuatro modalidades.

La ley fue aprobada en las Cortes Valencianas por socialistas, Compromís, Podemos y Ciudadanos: el PP se abstuvo alegando que no se exige ningún programa de seguimiento para reinserción laboral y social.

Hay muchas dudas en la aplicación de esta nueva ley valenciana, pero contempla también una renta complementaria a los ingresos de trabajo, de manera que se llegue a percibir el 80% del Salario Mínimo Interprofesional: el SMI es de 735 euros mensuales, por lo que el 80% serían 588 euros, a los que pueden tener acceso los que perciben pensiones por incapacidad permanente total hasta completar esa cantidad.

Temor a ser calificados de “racistas”

Sin embargo, según han expresado a este digital fuentes próximas al proceso “hay indignación entre los que han cotizado a la Seguridad Social y perciben menos que un refugiado, y algunos inician gestiones con el temor a ser calificados en algún momento de ‘racistas’, cuando en realidad piensan que tienen más derecho que los refugiados”.

“Que las pensiones correspondan a la Seguridad Social y la asignación a los refugiados en la Comunidad Valenciana sea competencia de la Generalitat Valenciana, no frena la indignación de muchos españoles que comparan, y piden soluciones justas para quienes han cotizado, alegando que no es justo proteger a los refugiados más que a los que han cotizado durante décadas”, exponen a ECA,  a la vez que destacan la importancia de que “los españoles que sienten agraviados han de preguntar primero por sus derechos y posibles aumentos compensatorios, con la legislación actual en la Comunidad Valenciana”.

Por otra parte, en los servicios sociales de diversos municipios, como ha sabido este digital, “muchas solicitudes de dependencia están inexplicablemente atascadas, y diversos ciudadanos se quejan por esa demora, por ejemplo de las 7.000 solicitudes de 2017 que están en punto muerto”. De esta situación ya informó ECA el pasado 6 de junio.

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