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Estado Autonómico

400.000 firmas para que los toros sean un bien de interés cultural. Una peña presentará una iniciativa legislativa que impedirá a las comunidades prohibir la Fiesta

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El 'blindaje' de las corridas de toros a nivel nacional está más cerca. La peña taurina Hernández Plá ya ha recogido 400.000 firmas de ciudadanos para pedir al Congreso que la Fiesta Nacional sea declarada bien de interés cultural.

Según ha sabido El Confidencial Autonómico, el objetivo de la asociación, presidida por Enrique Expósito González, es poder presentar en la Cámara Baja, y con el nuevo Gobierno surgido de las elecciones generales del 20 de noviembre, una iniciativa legislativa popular para realizar esa solicitud, que deberá ser votada por los diputados.

Para ello, tal y como marca la ley, se deberán reunir 500.000 firmas. De momento, según fuentes cercanas a la propia peña Hernández Plá, se llevan recogidas 400.000, y se espera llegar a la cifra necesaria antes de que acabe este año.

La iniciativa, impulsada por la asociación madrileña, ha sido apoyada por críticos taurinos de publicaciones especializadas y por otras peñas de fuera de la capital, con tradición en el mundo de la Fiesta Nacional.

Cuatro comunidades ya han ‘blindado’ las corridas de toros

Después de que el Parlamento catalán votara a favor de la prohibición de las corridas de toros a partir del 1 de enero de 2012, otras comunidades autónomas se apresuraron a impulsar iniciativas para proteger la Fiesta, como fomentar cursos sobre la historia y tradición de la tauromaquia o apoyar a las ganaderías.

Sin embargo, los proyectos más decisivos en este sentido fueron la declaración de los toros como bien de interés cultural en Madrid y la Comunidad Valenciana. Esperanza Aguirre fue la primera en tomar esta decisión en abril de 2010, dando origen a la tramitación. Meses más tarde, Francisco Camps dio en la Generalitat los mismos pasos.

Durante este 2011, también han declarado a los toros bien de interés cultural Ramón Luis Valcárcel en Murcia y María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. La región murciana ha sido, precisamente, la primera en cerrar toda la tramitación necesaria para esta declaración.

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