Sábado 21/10/2017. Actualizado 13:59h

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Castilla y León

Convulsión por el cierre de Garoña. En 2013, más de mil personas perderán su empleo y la producción eléctrica de Castilla y León quedará comprometida

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El cierre de Garoña, ratificado ayer por la Audiencia Nacional, costará caro a los Gobiernos de España y Castilla y León. A la pérdida de más de mil puestos de trabajo se le suma la necesidad de buscar nuevas vías de producción eléctrica, lo que llevará a Industria a comprar en el exterior lo que ahora se produce en la central burgalesa.

Este jueves, la Audiencia Nacional ha confirmado la orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que autoriza la operación de Santa María de Garoña únicamente hasta el 6 de julio de 2013.

No obstante, según explican a El Confidencial Autonómico voces autorizadas de Foro Nuclear, “las múltiples revisiones nacionales e internacionales demuestran en sus informes que la central es segura, por lo que no existe ningún impedimento para la continuidad de su operación”.

El cierre de Garoña, apuntan las mismas fuentes, comprometerá la producción eléctrica en Castilla y León. Actualmente, la central genera el 33 por ciento del consumo eléctrico de toda la región, operando, además con unos indicadores de funcionamiento muy por encima de la media de los reactores nucleares de su misma tecnología a nivel mundial.

Además, el cese de actividad de la central tendrá también las siguientes consecuencias:

Se dejarán de producir más de 4.000 gigavatios por hora al año de electricidad en base, la electricidad que garantiza la estabilidad del sistema eléctrico español.

–Supondrá un incremento de las importaciones de materias primas energéticas en dos millones y medio de barriles de petróleo equivalentes al año, lo que agravaría aún más el déficit exterior que sufre España.

Se destruirán más de 1.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos y se prescindiría de un motor de empleo y de dinamización económica en la zona de la central.

– Se incrementarán las emisiones contaminantes en España en 3 millones de toneladas de CO2 anuales.

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